Monterrey.- Eusebio Martínez fue declarado inocente luego de pasar 27 años en la cárcel por un delito que no cometió, y en todos esos años vio a su abogado apenas cuatro veces.
La razón es que tuvo un defensor de oficio, es decir, los que brindan su servicio de forma gratuita a quienes no pueden pagar uno particular y de los cuales hay un enorme déficit en el estado.
Hoy que se celebra el Día del Abogado en México, resulta que en Nuevo León apenas hay 326 defensores de oficio, según cifras oficiales, lo que obliga a cada uno de ellos a manejar hasta 600 casos a la vez.
Esta situación afecta principalmente a la gente de escasos recursos, pues según la ONG Promoción de Paz, el 95 por ciento de las personas privadas de su libertad no pueden recurrir a un abogado particular.
“Yo tenía un abogado de oficio y nada más me dijo que me iba a apegar al artículo 20 (guardar silencio) y ya no se paró que porque tenía mucho trabajo. Nada más iba a que le firmara los papeles”, explicó Eusebio Martínez, quien fue detenido cuando tenía 25 años de edad y ahora tiene 52 años.
Para Consuelo Bañuelos, fundadora de la asociación Promoción de Paz, la situación es grave, pues considerando solamente a los 10 mil internos que están en los penales estatales, a cada defensor de oficio le corresponden más de 30 casos.
“Si disminuimos cada vez más el número de abogados, la justicia que pretende ser pronta y expedita, se vuelve más lenta.
“La mayoría de las personas que están privadas de su libertad son personas que no tienen posibilidad de estar pagando abogados. No nos podemos permitir tener menos abogados”, señaló Bañuelos.
Carmela Moreno González tiene 46 años de edad y 12 de ser abogada de oficio en el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, y explica las complicaciones de su tarea.
“Sí tenemos una carga de trabajo y el número sí es alto comparándolo con otras entidades y, por consecuencia, hay más abogados asignados a cada área.
“Yo me encuentro en el área de ejecuciones de sanciones penales y aquí los compañeros y una servidora tenemos aproximadamente de 500 a 600 carpetas asignadas cada uno”, señaló Moreno González.
Para Angélica Elizondo, directora de la ONG Renace, también es imperativa la contratación de más profesionistas, asevera que “hacen falta más abogados defensores en el área penal y obviamente que estén bien capacitados… Pienso que poco a poco deberían irse incrementando las plazas”.
Los entrevistados coinciden en que al estado le urge tener más defensores de oficio, para que no se repitan casos como el de Eusebio Martínez, quien pasó 27 años preso por una acusación injusta… y porque no tuvo para pagar un abogado particular.