Monterrey.- Los diputados del PRI y PAN del Congreso local acusaron terrorismo político por parte del Ejecutivo, encabezado por el gobernador Samuel García.
Durante una rueda de prensa en el vestíbulo del recinto legislativo y con pancartas en donde se expresaban “no más violencia”, la comitiva de diputadas y diputados de ambos partidos lanzaron la acusación.
Myrna Grimaldo, diputada panista, y quien el martes 5 de septiembre, personal de la Secretaría del Trabajo del Estado, suspendió una de sus oficinas legislativas, manifestó la situación antes mencionada.
“Desde mi punto de vista esto ya es terrorismo político, creo que he sido una legisladora, ustedes me conocen, el propio gobernador me conoce, he brindado respeto, trabajo y mucho esfuerzo para el Estado de Nuevo León a través del ámbito legislativo.
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“Hacemos responsable al gobernador del Estado de cualquier incidente que pase, a cualquiera de nuestros compañeros, a su familia y al mismo diputado o diputada, o a mí misma en su integridad física”, expresó Grimaldo.
Agregó que durante la clausura de su oficina, intimidaron a las personas que ahí se encontraban y se portaron de manera agresiva.
“Tuvimos una clausura agresiva a una de mis oficinas, intimidaron a la gente y se portaron de una manera prepotente, maleducada el equipo de trabajo que estuvo ahí”, manifestó.
También estuvo presente la legisladora panista Itzel Castillo, quien mostró copias ampliadas a color del recibo del servicio de agua de casa de sus papás, así como fotografía del reductor que le fue colocado al medidor del mismo servicio doméstico, y que esta misma situación le sucedió al diputado Félix Rocha.
Una noche antes, la legisladora publicó en sus redes sociales un video en el que acusó al gobernador Samuel García de ordenar colocar un reductor de agua en casa de sus padres.
El presidente del Congreso local, Mauro Guerra, quien ayer en entrevista para ABC Noticias, acusó al Gobierno del Estado de arrojar basura a las afueras de su domicilio, también estuvo presente en la rueda de prensa de los diputados del PRIAN.
Lo anterior, luego de que el Congreso local aprobó la Ley de Residuos que permite la implementación de programas municipales sin necesidad de utilizar los servicios de Simeprode, organismo que depende del Gobierno del Estado.
Finalmente, advirtieron 18 de 27 diputados del PRI y PAN que por los actos antes mencionados en su contra y de sus familias, promoverán denuncias ante diversas instancias.
BULLETS
El martes 5 de septiembre, personal de la Secretaría del Trabajo de Nuevo León suspendió una oficina de la diputada panista, Myrna Grimaldo.
El 30 de junio, el diputado panista Carlos de la Fuente denunció que sus oficinas en el centro de San Nicolás habían sido suspendidas por la dependencia estatal, y se mostró en redes trabajando al exterior de las mismas.
El 29 de junio, el legislador panista Eduardo Leal expuso la clausura de un negocio familiar ubicado en el municipio de Allende, esto, con el alegato de que presuntamente había menores trabajando en el lugar.
El 2 de junio, la diputada Perla Villarreal y su compañera priista Alhinna Vargas, dieron a conocer que su oficina de enlace en el Centro de Monterrey había sido cerrada sin previo aviso, esto por parte de Protección Civil del Estado.
El 1 de junio, el priista Francisco Cienfuegos anunció que el edificio Kalos en donde se encuentran sus oficinas, había sido clausurado por Protección Civil del Estado, horas después de acusar al gobernador Samuel García de una persecución política en su contra.
También, en febrero del presente año se cerró por parte de la Secretaría de Salud un negocio de familiares directos de la diputada Perla Villarreal, sumado a dos negocios más anteriormente cerrados.