Monterrey.- Al señalar que sigue teniendo una incidencia importante en Nuevo León, mediante una reforma al Código Penal, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso local propuso endurecer las penas por el delito del robo de ganado o abigeato, y se den de cuatro a 10 años de cárcel.
El diputado emecista, Armando Víctor Gutiérrez pidió reformar los artículos 378 y 380 de la normativa para evitar que se sigan registrando estas afectaciones a los productores ganaderos y a este sector de la economía.
La propuesta también incluye la adición de nuevas fracciones que buscan proteger la propiedad ganadera y la trazabilidad del ganado, al señalar que una de las formas de operar este delito es el cambio de la alteración de documentos oficiales, y la manipulación de la identidad del ganado para su comercialización ilegal.
“El robo de ganado continúa siendo un problema significativo en Nuevo León, especialmente para los productores agropecuarios que dependen de esta actividad para su sustento”, explicó.
“La actualización del Código Penal en materia de abigeato es urgente debido a las graves consecuencias que genera este delito, no sólo en términos económicos, sino también en lo que respecta a la seguridad y la salud pública”, afirmó el legislador.
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La iniciativa propone penalizar conductas adicionales relacionadas con el abigeato, tales como la alteración o falsificación de documentos como registros, facturas, y guías de tránsito, así como la modificación de dispositivos de identificación del ganado, como aretes o marcas.
Estas prácticas permiten que los delincuentes comercialicen ganado robado o manipulen su origen para hacerlo pasar por legal, aunado a sancionar la reventa o comercialización de ganado sin los debidos registros y sin garantizar su legalidad, lo que afecta tanto la trazabilidad sanitaria como la seguridad en el comercio del ganado.
La reforma también introduce una serie de agravantes, como cuando los hechos sean cometidos por servidores públicos o en asociación con bandas delictivas, o cuando se utilicen métodos violentos.
Gutiérrez Canales puntualizó que “el fortalecimiento de las penas no sólo busca disuadir la comisión de estos delitos, sino también proteger la seguridad jurídica del sector ganadero y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias, vitales para la salud pública y el comercio legal”.