Monterrey.- La existencia de más anexos que operan a la vista de todos, pero lo hacen de manera clandestina, fue admitida ayer por la Secretaría de Salud del Estado, y según organismos civiles, podrían ser hasta 600 los locales en esta situación irregular.
Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, señaló que estos centros de rehabilitación contra las adicciones se “camuflajean” al no tener anuncios en su exterior y parecer una casa más en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.
Al respecto, Norma Benítez, diputada local por Movimiento Ciudadano, estima que pese a que la cifra oficial es de 210 anexos, la real ascienda a 600, de acuerdo con organizaciones civiles.
ABC Noticias publicó ayer que estos anexos son señalados por malos tratos, homicidios, insalubres y falta de permisos; sin embargo, Marroquín dijo que pese a tener conocimiento de esto, no tienen hasta el momento un padrón que les ayude a detectar cuántos operan de manera ilegal.
“Hay otros centros que funcionan de forma clandestina y de alguna manera parecen como casas, no tienen algún tipo de anuncio y se van comunicado de boca en boca”, dijo. Calificó como difícil el ubicarlos, por lo que pidió apoyo a los alcaldes y ciudadanos a que denuncien en caso de tener conocimiento de alguno.
Te podría interesar
“No puedo dar una respuesta específica de cuántos centros clandestinos funcionan. Solicitamos que nos denuncien aquellos (centros) que nosotros no tenemos regulados, porque es complicado, pues ir en busca de toda la ciudad, a ver qué casa funciona como un centro de rehabilitación en adicciones”, manifestó Marroquín.
Oficialmente, la Secretaría de Salud contabiliza 210 anexos, de los cuales 27 fueron suspendidos en 2023 por tratar de manera inadecuada a sus internos.
En los últimos meses, se ha dado a conocer la clausura de centros de rehabilitación cuando se detecta que ejercen un maltrato hacia sus internos o cuando ocurre un hecho que obligue a que la autoridad intervenga.
La mayor parte de los internos de estos 27 centros que fueron suspendidos fueron trasladados a clínicas estatales en Montemorelos y Sabinas Hidalgo, que son gratuitas y tienen 70 camas disponibles