San Pedro.- El plazo se venció para que el ayuntamiento de San Pedro designe a un nuevo secretario o encargado del despacho de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, tal como lo ordenó el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Este martes 11 de junio fue la fecha límite para que el alcalde Miguel Treviño acate la destitución de Javier de la Fuente, luego de una orden por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por incumplimiento de una sentencia que afectó a un particular
Un abogado consultado señaló que, de no hacerlo, el actual secretario Javier de la Fuente podría incurrir en usurpación de funciones.
ABC Noticias publicó el pasado 6 de junio que las autoridades del ayuntamiento que encabeza Treviño señalaron que no acatarán el ordenamiento y mantendrán en el cargo al funcionario el resto de la administración.
“El secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Javier de la Fuente, permanecerá en su cargo hasta el final de la administración.
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“El alcalde Miguel Treviño reitera su confianza en el funcionario, que ha hecho valer la ley y los reglamentos frente al llamado “urbanismo de tribunales”, informaron autoridades del ayuntamiento de San Pedro.
Un abogado consultado explicó que, si De la Fuente se mantiene en el puesto, todos los documentos que firme serán inválidos y cometerá el delito de usurpación de funciones porque ya fue notificado y no se requeriría autorización del alcalde ni del Cabildo.
“Si Javier de la Fuente permanece en su cargo y sigue actuando y firmando, todos los documentos que firme como licencias o clausuras, son nulos.
“Además de incurrir en usurpación de funciones y otros delitos. Javier de la Fuente a partir del lunes a las 12:00 horas que fue notificado formalmente está destituido y no se requiere que el alcalde lo autorice, ya lo ordenó un magistrado”, afirmó el litigante.
La Dirección de Comunicación municipal omitió responder ayer ante el cuestionamiento sobre si continuarán con la decisión de que De la Fuente siga en su cargo, a pesar del señalamiento de que cometen un delito.
El caso se trata de un trámite de regularización de casa habitación unifamiliar de hace nueve años, y que Javier de la Fuente argumentó que no podría cumplir una sentencia a favor de los particulares porque perdió el expediente.