Monterrey.- Luego de que el Gobierno de Nuevo León afirmara que la vegetación del río Santa Catarina ocasionó daños en las vialidades aledañas, activistas se pronunciaron en contra.
La semana pasada, durante una conferencia de prensa de Nuevo León Informa, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, se opuso a las versiones que indican que los árboles ayudaron a que no se inundara la ciudad.
“Todavía hay voces que dicen que la vegetación ayudó, eso es una total falsedad, tenemos que decirlo muy claro: es una falsedad”, aseguró el funcionario estatal.
Sin embargo, ABC Noticias publicó que, de acuerdo con archivos históricos, el cauce natural del río fue estrechado por la construcción de la urbe, y a decir del especialista Adrián Lozano, las avenidas de Constitución e Ignacio Morones Prieto “están dentro del Santa Catarina”.
Por otra parte, activistas resaltaron que el plan de tala de árboles está focalizado en tramos urbanos, que equivalen a 33 kilómetros, de los 158 kilómetros de longitud totales. Por ello, Lozano opinó abiertamente que los dichos de Villarreal se deben a intereses económicos.
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“La infraestructura urbana se va a volver a averiar, y ese es un gran negocio para los contratistas a los que les dan la obra, porque se vuelve a hacer y se vuelve a cobrar. Eso implica riesgos para la gente, no nada más para la infraestructura. Pareciera que están viendo la posibilidad de incrementar el negocio que implica el mercado inmobiliario que hay en el par Constitución-Morones Prieto”, acusó Lozano.
Por su parte, el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga, coincidió con el ecólogo, y sostuvo que el tema de la flora en el cauce no debería siquiera estar en debate.
“Con el Gilberto el agua corrió a 55 km por hora, sin árboles hubiera corrido a 100. En otros ríos hay árboles, en medio del río. Quitan la fuerza, el impacto es menor, es una ley física, una ley de gravedad. Por eso se llaman zonas de absorción y zonas de amortiguamiento, así se evitan inundaciones. Cualquier chavo más o menos funcional te lo explica mejor que yo”, dijo el ambientalista.
Para la unión de colectivos “Un río en el río”, la postura del Gobierno del Estado los llevó a tomar acciones legales, pues se planificaron trabajos de intervención en el cauce sin una consulta ciudadana y explicaron que se hizo ya una parte sin publicar un diagnóstico previo.
“Las áreas más afectadas son aquellas sin arbolado, donde la falta de raíces contribuye a la erosión del suelo y aumenta el riesgo de daños severos durante lluvias torrenciales. El Estado requiere un estudio de manifestación de impacto ambiental que determine qué plantas deben ser removidas del río. Este estudio debe justificar técnicamente la intervención, minimizando el impacto en el ecosistema”, afirma el colectivo.