Monterrey.- El Poder Judicial de Nuevo León prevé solicitar un presupuesto mayor al ejercido durante 2025, ante los desafíos por la implementación de un nuevo sistema de operación judicial derivado de recientes reformas.
Así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Laura Perla Córdova Rodríguez en entrevista tras asistir a la sesión solemne por el cuarto informe del gobernador, Samuel García.
Córdova Rodríguez señaló que para este año el Poder Judicial recibió un presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos; sin embargo, el monto proyectado para 2026 aún no ha sido definido.
Pese a ello apuntó que se anticipa un aumento significativo debido a la necesidad de fortalecer la estructura judicial, principalmente, con la incorporación de más jueces y juezas.
“Estamos haciendo un análisis exhaustivo hacia el interior para hacer una revisión. El INEGI, en la encuesta nacional 2024, establece como estándar nacional contar con 3.5 jueces o juezas por cada 100 mil habitantes. En Nuevo León estamos muy por debajo de esa media”, explicó la magistrada presidenta.
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Córdova Rodríguez subrayó que, además del déficit en personal judicial, la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares implica una migración total de los juicios al nuevo sistema, lo que requerirá una mayor inversión para adecuaciones operativas, tecnológicas y de capacitación.
“El presupuesto siempre ha sido un tema muy sensible. Esta reforma nos obliga a realizar un esfuerzo adicional en la administración de recursos, pero trabajaremos para que sea un presupuesto responsable y en beneficio de la sociedad”, afirmó.
La funcionaria agregó que el análisis presupuestal se está realizando con responsabilidad y visión a largo plazo, ante un contexto de transformación judicial que exige fortalecer las capacidades institucionales.
La fecha límite para que el Gobierno del Estado presente el Paquete Fiscal 2026 es el 20 de noviembre, por lo que el Congreso local ya ha convocado a mesas de trabajo con organismos autónomos, autoridades estatales y los 51 municipios.
Lo anterior con el objetivo de construir una propuesta presupuestal que atienda las necesidades de todas las entidades que dependen de recursos públicos.