Monterrey.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició el retiro de 56 escoltas asignados a exfuncionarios, una práctica que durante años ha restado elementos operativos a las tareas de investigación.
Los agentes comenzarán ahora un proceso de reincorporación a sus funciones originales.
El cambio ocurre tras revelarse, el pasado 29 de septiembre por ABC Noticias, que más de 250 agentes ministeriales estaban comisionados como escoltas personales de exservidores públicos, en lugar de dedicarse a combatir el delito.
Un día después de la publicación, el fiscal general Javier Flores anunció la creación de un comité especializado para revisar caso por caso el supuesto “nivel de riesgo” de quienes ya no ocupan cargos públicos y determinar si aún ameritan protección.
Según una fuente interna de la institución, la decisión formal de comenzar con el retiro se tomó en una reunión celebrada ayer, y la notificación a los exfuncionarios se realizó ayer mismo por la mañana.
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Flores confirmó la medida y señaló que el comité ya está en funciones.
“Se instaló el comité, se firmaron las actas y se está comenzando a operar el reclutamiento de los escoltas. Al parecer se han retirado 56 escoltas”, declaró el fiscal.
El costo de mantener a los agentes como guardias personales no es menor.
Según estimaciones, los sueldos de los elementos tienen un gasto mensual de hasta 8 millones de pesos. Con el retiro, los 56 elementos, en los cuales se eroga hasta 1.4 millones de pesos cada mes de sueldo, serán redirigidos a acciones que beneficien más a la ciudadanía.
La Ley de Seguridad Pública del Estado permite que exfuncionarios de alto nivel mantengan escoltas y vehículos oficiales por hasta tres años después de dejar el cargo, mientras que los exgobernadores pueden conservarlos hasta por seis años.
Sin embargo, en muchos casos el beneficio se ha extendido sin justificación clara. Pese a los intentos de algunos legisladores por reducir o eliminar estos privilegios, las reformas han sido bloqueadas una y otra vez.
De esta forma, varios exprocuradores y exdirectores de la Agencia Estatal de Investigaciones siguen contando con seguridad personal incluso una década después de haber concluido su gestión, en un estado donde la falta de agentes en las calles sigue siendo una de las principales quejas ciudadanas.
Se espera que en las próximas semanas siga el análisis de la asignación de escoltas y que se reincorporen aún más a sus funciones originales.