Monterrey.- La inconformidad social por los abusos en hospitales privados y las prácticas de aseguradoras de gastos médicos ha detonado una reacción inédita.
Desde el Senado hasta los congresos federales y locales, así como dependencias federales como la Condusef, se perfila un frente común para regular un sector que, según legisladores y autoridades financieras, ha operado bajo una lógica de lucro y opacidad en perjuicio de los pacientes.
Desde el Senado, los legisladores Waldo Fernández y Judith Díaz impulsaron la iniciativa “Seguros Justos”, que busca detener los aumentos desproporcionados en las primas de gastos médicos mayores para adultos mayores de 60 años.
La propuesta contempla la elaboración de estudios que evalúen el riesgo individual de cada asegurado, con el fin de hacer más equitativa la estructura de precios.
Fernández, junto a la ciudadana Alena Kharissova, también presentó hace un mes una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud con el objetivo de frenar los abusos en la facturación hospitalaria y garantizar transparencia en los costos de los servicios médicos privados.
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“Esta iniciativa nace de la valentía de una ciudadana que decidió no quedarse callada. Alena alzó la voz contra losabusos, y hoy damos un paso histórico para proteger a todos los pacientes frente.a hospitales que anteponen la ganancia económica a la dignidad humana”, señaló el senador en aquella ocasión.
El caso de Alena Kharissova detonó este frente, pues la joven regiomontana denunció al Doctors Hospital por cobros excesivos y falsificación de documentos durante su estancia hospitalaria por una gastroenteritis.
En la Cámara de Diputados, el legislador priista Jericó Abramo Masso presentó reformas a la Ley de Seguros y de Fianzas, Ley General de Salud, Código Penal Federal y Ley sobre el Contrato del Seguro, con medidas que van desde limitar los incrementos anuales de las pólizas hasta dos puntos por encima de la inflación, hasta transparentar los precios de procedimientos e insumos hospitalarios.
Por su parte, la diputada federal Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, presentó otra propuesta que obligaría a las aseguradoras a incluir cobertura para salud mental, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, así como hospitalización por trastornos mentales.
Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en quejas contra aseguradoras de gastos médicos, sólo detrás de Ciudad de México y Jalisco, con 138 reclamaciones en 2024, equivalentes al 7 por ciento del total nacional.
El presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, reconoció durante su visita a Nuevo León que el problema no radica solo en las aseguradoras.
“Aquí hay tres actores: aseguradoras, hospitales y usuarios, pero el más importante es el paciente. No se trata de fijar precios, sino de exigir claridad y transparencia en los costos”, sostuvo.
Mientras tanto, el diputado local morenista Mario Soto apuntó que la ley vigente “ha sido permisiva con las aseguradoras”, lo que permite que inviertan grandes sumas en “investigar cómo evadir su responsabilidad”.
Con los casos, cifras y propuestas sobre la mesa, se vislumbra una coincidencia inédita: senadores, diputados federales y legisladores locales convergen en una misma línea de acción para frenar los abusos del sistema médico privado.