Monterrey.- El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Penal para aumentar las penas contra quienes cometan el delito de despojo de los dos, hasta los ocho años de prisión, y multas que pueden llegar a los 342 mil pesos, dependiendo del inmueble afectado.
Con el voto de unanimidad, la modificación implica ajustes a los artículos 398 y 398 bis del Código Penal estatal, para proteger el patrimonio de las familias y establecer criterios claros para la imposición de penas, evitando que los casos dependan de interpretaciones subjetivas.
De acuerdo al dictamen, cuando el valor promedio de la vivienda afectada no supere el millón 700 mil pesos, se impondrán penas de dos a siete años de prisión, acompañadas de multas de entre 40 y 100 cuotas, equivalentes a montos que oscilan entre 4 mil 525 y 11 mil 400 pesos.
Si el daño es mayor, y se encuentra entre un millón 859 mil pesos y hasta tres millones 718 mil 86 pesos, la pena aumentará a un rango de cuatro a seis años de prisión, con multas que van de 80 a 120 cuotas, es decir, entre 128 mil 250 y 256 mil 500 pesos.
Se informó que en los casos más graves, se podrán aplicar de seis a ocho años de cárcel y multas de 1,500 a 3,000 cuotas, equivalentes a entre 171 mil y 342 mil pesos.
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Durante la sesión, el diputado priista Javier Caballero destacó que el despojo es un agravio directo a las familias, ya que les arrebata sus hogares o terrenos, por lo que consideró necesario perfeccionar la legislación para garantizar su protección.
El priista señaló que esta reforma es resultado de años de trabajo, propuestas y mesas de diálogo impulsadas por su bancada.
“No hablamos de cifras ni expedientes, hablamos de la vida, la seguridad y la tranquilidad de las personas. Hemos impulsado reformas para garantizar que el patrimonio de la gente esté protegido, siempre, sea grande o pequeño”, declaró.
Asimismo, Claudia Caballero del PAN, coincidió en la importancia del dictamen y señaló que el nuevo marco legal ayudará a brindar certeza jurídica.
Subrayó que el delito de despojo afecta no solo a familias, sino también a pequeños propietarios, trabajadores del campo y ciudadanos en general, quienes ahora tendrán mayor respaldo legal ante situaciones de despojo.
Por su parte, la diputada Perla Villarreal, coordinadora del PRD, aseguró que el aumento en las penas facilitará el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al permitirle actuar con mayor claridad en los procesos judiciales relacionados con este delito.