Monterrey.- María Teresa Herrera Tello, titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, aseguró que en la actual administración “no hay espacio para la corrupción”, al informar que se han impuesto mil 165 sanciones administrativas, 463 de ellas solo en el último año.
Durante su comparecencia por la glosa del cuarto informe de gobierno, la funcionaria explicó ante los cuestionamientos de los diputados locales que se detectaron 16 faltas graves que ya fueron enviadas al Tribunal de Justicia Administrativa.
“Este año, se impusieron 463 sanciones por faltas administrativas no graves, sumando mil 165 en toda la administración, entre ellas 33 suspensiones, 71 inhabilitaciones y tres destituciones”, señaló.
Herrera Tello añadió que la Unidad Anticorrupción turnó al Tribunal los expedientes considerados graves. Destacó que las denuncias aumentaron de 200 a mil 690 gracias a la ampliación de canales de reporte.
De ellas, la Unidad Anticorrupción concluyó 469 y mantiene 221 en trámite. También informó que ya operan dos sistemas digitales para auditar y dar seguimiento a expedientes, lo que ha permitido digitalizar 5 mil 700 documentos.
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El incremento en denuncias fue cuestionado por la diputada del PAN, Myrna Grimaldo, a lo que la contralora respondió que el crecimiento obedece a que se han facilitado los mecanismos de denuncia.
La priista Armida Serrato pidió medidas para frenar actos indebidos entre inspectores. Herrera Tello aseguró que se han enfocado en capacitar al personal:
“Este año se capacitó en temas de corrupción a 288 inspectores de regulación sanitaria y 302 del Instituto de Movilidad”.
También informó que se recibieron 209 denuncias contra inspectores, 87 ya resueltas y 15 con sanción.
Ante el cuestionamiento de la perredista Perla Villarreal, la funcionaria reconoció que sí hay sanciones contra personal de la actual administración, aunque sin detallar cuántos ni de qué áreas.
Sobre los casos de acoso y hostigamiento sexual, la funcionaria informó que la Contraloría ha inhabilitado a nueve funcionarios y destituido a tres. En total, se han aplicado 17 sanciones por estas conductas, entre ellas una suspensión y varias amonestaciones.
“En la Contraloría reprobamos cualquier conducta que vulnere a la persona... procuramos no revictimizar a la víctima”, afirmó.
La funcionaria añadió que el acoso no está clasificado como falta grave en la Ley de Responsabilidades, por lo que consideró necesario legislar.
También confirmó que, aunque al inicio del sexenio las sanciones recaían solo en funcionarios de la administración anterior, ya existen procedimientos y sanciones contra servidores públicos del actual gobierno derivados de revisiones recientes de la cuenta pública.