El Carmen.- Ante el incremento en diversas actividades ilegales, en busca de fortalecer las iniciativas en materia de ciberseguridad, el diputado Jesús Elizondo Salazar encabezó una mesa de trabajo junto con la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, en la que se analizaron diversos casos y propuestas relacionadas con ciberdelitos.
Durante el encuentro se destacó que, en Nuevo León, uno de los estados más industrializados del país, se han registrado más de 21 millones de ciberataques entre 2022 y 2024, lo que representa un aumento del 40% en comparación con años anteriores.
En la sesión participaron representantes de la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como miembros de consejos ciudadanos, asociaciones civiles, instituciones académicas y empresas del sector tecnológico.
Entre los asistentes estuvieron el diputado Javier Caballero, presidente de la Comisión; Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI); y Olga Susana Méndez, presidenta de la CEDHNL.
Elizondo Salazar subrayó la importancia de la colaboración entre autoridades, sociedad civil y sector privado para diseñar estrategias que garanticen la seguridad digital de los ciudadanos.
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“Garantizar un espacio seguro en la era tecnológica es responsabilidad de todos, y requiere un trabajo coordinado y permanente”, expresó.
El legislador reiteró su interés en impulsar la creación de una Ley de Ciberseguridad estatal y señaló que se buscará la coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para incorporar en la legislación federal temas como el rastreo de direcciones IP y el acceso a información en casos de investigación.
Al cierre de la mesa de trabajo, los participantes reafirmaron su compromiso de continuar sumando esfuerzos para consolidar un entorno digital más protegido y confiable para los habitantes de Nuevo León.
Esteban Cantú Montes, director de la AEI, señaló que se deben legislar más temas para colaborar y nutrir el trabajo de la Fiscalía para dar con los responsables de los fraudes, extorsiones y otros ataques, al tener penas más graves o la tipificación de nuevas formas de delitos a través de plataformas digitales.