Monterrey.- Durante su participación en el Podcast De Frente ABC, la diputada Lorena de la Garza adelantó que el Congreso de Nuevo León trabaja en una nueva dinámica para analizar el Paquete Fiscal 2026, con el objetivo de fortalecer la planeación presupuestal, además de atender las demandas de los municipios que solicitan un aumento en las participaciones estatales, del 20 al 30 por ciento.
Explicó que, conforme a la ley, el gobernador tiene como fecha límite el 20 de noviembre para enviar su propuesta de presupuesto al Congreso, pero en esta ocasión el proceso se ha invertido.
“Antes la Comisión se esperaba a que el gobernador presentara su propuesta para luego llamar a todos los entes públicos que utilizan recurso público para manifestar sus necesidades, ahora cambiamos el orden, en lugar de esperar a que el gobierno mande su propuesta, los citamos desde ahorita”, señaló.
La legisladora indicó que este año se busca entregar al Ejecutivo un documento técnico previo, en el que el Congreso sintetice los planteamientos recogidos en mesas de trabajo.
“Queremos entregarle al gobierno antes de su propuesta un documento técnico donde le decimos: ya hicimos mesas de trabajo en el Congreso, te pedimos contemplar esto en lo que nos vas a mandar, esperando que sí se tomen en cuenta”, dijo.
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Uno de los principales temas, puntualizó De la Garza, ha sido la exigencia de los alcaldes para transparentar los fondos y poner candados al reparto de recursos.
“En tema de seguridad, están repartiendo los fondos a discreción, reparten más generosamente a los municipios que gobierna el partido del gobernador”, acusó.
En este contexto, propuso revisar la fórmula de distribución de participaciones para avanzar gradualmente con un 3.3 por ciento anual hacia un incremento final del 30 por ciento.
“En Nuevo León se reparte el 20% de los fondos; en Jalisco el 25; en Guanajuato el 27; o sea, todos ya pasaron del 23 o 24 por ciento, y la idea es llegar al 30% para repartir entre los 51 municipios”, expuso.
Finalmente, consideró que la mejor vía sería establecer este mecanismo de forma legal y escalonada.
“Es una buena alternativa, en la mesa participaron alcaldes y tesoreros y pidieron poner el mecanismo en la ley de modo que cada año exista esta fórmula (de aumento gradual) que rija la distribución de recursos para no estar esperando que el Congreso y el Estado se pongan de acuerdo”, concluyó.