Monterrey.- El pasado 4 de noviembre se cumplió un año desde que el Consejo de Salubridad General (CSG) suspendió los programas encargados de medir el desempeño y certificar la calidad de clínicas y hospitales en México.
Desde entonces, el país carece de un sistema nacional que evalúe la atención médica tanto pública como privada, lo que deja sin control ni transparencia el funcionamiento del sector salud.
El Modelo Único de Evaluación de la Calidad (MUEC), fue el último esquema operativo para medir los estándares hospitalarios.
Tras un año de implementación, y con apenas 17 unidades certificadas de 306 participantes, el Consejo de Salubridad General (CSG) decidió suspenderlo de forma indefinida.
Con ello, más de 120 mil establecimientos médicos quedaron fuera de cualquier monitoreo o certificación de calidad, ante la falta de un sistema de evaluación se impide saber si los hospitales cumplen con estándares mínimos de seguridad o si los costos que cobran se justifican con base en resultados.
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Esto cobra relevancia tras las investigaciones publicadas por ABC Noticias, que revelaron abusos en la cobranza de procedimientos médicos y represalias contra agentes de seguros, derivadas de la ausencia de regulación y de un tabulador nacional.
Ante este escenario, la diputada local Gabriela Govea, presidenta de la Comisión de Salud y Grupos Vulnerables del Congreso de Nuevo León, señaló que “la falta de confianza entre instituciones y la burocracia son los principales obstáculos”.
Agregó que es necesario reconocer el papel que actualmente tienen los órganos federales, aunque sus atribuciones resultan insuficientes.
“Es importante que conozcamos que hay dos órganos muy importantes, el primero es la Profeco encargada de regular cuando hay precios excesivos y no solamente podemos acudir a la Profeco, sino también a la Condusef, esto se debe de hacer de manera simultánea”, dijo.
La legisladora advirtió que los procedimientos ante estos organismos suelen trabarse por su complejidad.
“Definitivamente hay mucha burocracia, definitivamente hay mucha gente que desconoce estos procesos de acudir tanto a la Profeco como a la Condusef y a veces queda en una laguna, por eso necesitamos sumarnos”, expresó.
Govea recordó que ambas instituciones son de carácter federal y que su alcance depende de las secretarías a las que pertenecen y señaló que la Secretaría de Salud estatal no cuenta con atribuciones claras para sancionar o supervisar la calidad del servicio médico, por lo que la reactivación de un sistema de evaluación corresponde directamente al Congreso de la Unión.
“Recuerda que tanto Profeco como Condusef son órganos federales y definitivamente también necesitamos tener aliados en este caso el Congreso de la Unión para no quitar el dedo del renglón porque finalmente nuestra población es la que está sufriendo”, señaló.
Govea adelantó que será hasta inicios del próximo año cuando los legisladores presenten una iniciativa más estructurada para crear un nuevo sistema nacional de evaluación hospitalaria.
Hasta ahora, no se han establecido acercamientos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), pese a su papel clave en la regulación de costos y procedimientos del sector privado.