Monterrey.- Aunque municipios como Monterrey y Guadalupe han comenzado a implementar programas piloto para fomentar el uso de bicicletas y scooters eléctricos, especialistas y activistas coinciden en que estos esfuerzos siguen siendo aislados y carecen de una infraestructura segura que respalde una movilidad no motorizada eficiente.
Pese al creciente interés por opciones de transporte sustentable, las iniciativas actuales no han trascendido más allá de ser servicios temporales o concesiones privadas, sin una visión de largo plazo que garantice seguridad y conectividad.
Falta de ciclovías y planificación integral
Activistas, usuarios y legisladores locales señalan que el principal problema es la ausencia de ciclovías seguras, carriles exclusivos y una red conectada que permita el desplazamiento seguro de los usuarios de micro movilidad.
Luis Gómez, vocero de la organización Pueblo Bicicletero, criticó duramente la manera en que se ha implementado el uso de scooters y bicicletas eléctricas desde el pasado 22 de septiembre que arribaron a la ciudad.
“Esto no es un programa de movilidad municipal, como pretenden hacernos creer los gobiernos. Es una simulación: un servicio privado con intereses privados que ofrece la empresa Uber, no un servicio público diseñado para garantizar el derecho a la movilidad”, expresó el integrante de la organización que opera desde abril del 2009
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Gómez añadió que la implementación fue sorpresiva y sin consulta previa, a diferencia de ciudades como Ciudad de México o Guadalajara, donde los sistemas de bicicletas públicas están integrados a planes de movilidad urbana y transporte público.
Uso limitado y percepción de riesgo
En el centro de Monterrey, la presencia de usuarios de bicicletas y scooters eléctricos es aún limitada. Durante recorridos por la zona, se observó que muchos se sienten inseguros al circular por calles diseñadas exclusivamente para automóviles.
“Pues más que nada los usamos en zonas como la Macroplaza o el paseo Santa Lucía, porque sí es riesgoso bajarse a las calles con uno de estos aparatos”, indicó el usuario Reynaldo Briseño.
Uno de los antecedentes recientes es el retiro de la ciclovía temporal Vía Libre, en San Pedro, desmontada tras múltiples quejas vecinales. Este caso refleja, según activistas, la falta de planificación, diálogo comunitario y visión integral en los proyectos de movilidad.
Legislación y retos pendientes
La diputada local Aile Tamez (PAN) y presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso estatal, reconoció que la cercanía del Mundial 2026 ha acelerado algunas iniciativas, pero aún falta consolidar una infraestructura que promueva una movilidad sostenible.
Tamez destacó la carencia de ciclocarriles y biciestacionamientos, elementos básicos para garantizar la seguridad vial de los usuarios.
“Actualmente aún falta mucho para contar con una infraestructura adecuada. El Estado debe diseñar estrategias que favorezcan la movilidad sostenible y trabajar con los municipios para crear espacios públicos seguros”, subrayó.
Además, la legisladora trabaja en una iniciativa legislativa para fortalecer el marco regulatorio de la micro movilidad, con el objetivo de convertir estas soluciones en una opción real y segura para los ciudadanos, más allá de eventos temporales como el Mundial.
Una demanda ciudadana creciente
El debate sobre la micro movilidad en Nuevo León continúa, con una creciente demanda ciudadana por soluciones sostenibles, inclusivas y permanentes.
Mientras tanto, bicicletas y scooters eléctricos comparten calles con automóviles en una ciudad que todavía tiene pendientes importantes en infraestructura y políticas públicas de movilidad.