Monterrey. - Tras las recientes denuncias de traileros sobre extorsiones por parte de policías municipales en distintos puntos del Área Metropolitana, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, afirmó que en su municipio no se han recibido quejas ni reportes relacionados con este tipo de prácticas.
ABC Noticias publicó el pasado 26 de noviembre que los traileros denuncian desde hace meses en Nuevo León un esquema de extorsión que se ha convertido en práctica cotidiana dentro de los elementos de tránsito municipales.
Detención de unidades sin sustento, amenazas, retención de documentos, uso discrecional de grúas y exigencias de pagos inmediatos forman parte de un mecanismo que, aseguran, opera de manera sistemática en varios municipios del Área Metropolitana y la periferia.
Cuestionado durante el arranque del operativo “Navidad Segura y en Paz 2025” realizado este lunes, el munícipe explicó que el tránsito de transporte de carga pesada por San Pedro es limitado, pues solo algunas rutas cruzan por el municipio.
Y aseguró que, hasta el momento, no existe ningún señalamiento de extorsión por parte de elementos municipales hacia operadores de tráileres
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“La realidad es que nosotros en San Pedro, la forma por donde transitan la carga muy pesada es Morones Prieto, que pasa un pedazo por nuestro municipio, y algunos que otros con permiso, en Gómez Morín para surtir a los grandes corporativos o supermercados. Pero no hemos tenido queja de eso hasta ahorita”, dijo.
Este medio de comunicación compartió que las quejas se concentran en municipios como Cadereyta, Juárez, Santa Catarina, Salinas Victoria y El Carmen, donde los agentes detienen a los conductores con argumentos mínimos o inexistentes: placas “sucias”, vidrios polarizados, supuestas emisiones de humo, faltantes menores o la ausencia de refacciones.
Cuando no encuentran una causa válida, los tránsitos improvisan nuevas razones: mallas en los vidrios, cotejos vencidos o certificados inexistentes, pese a que los documentos federales no pueden ser exigidos por autoridades locales.
Los cobros van de 20 a 30 mil pesos por “arreglos” en el momento, pero los operadores afirman que cuando un agente decide “tumbarte el tráiler”, la tarifa alcanza hasta los 40 mil pesos.
Ante ello, los alcaldes reaccionaron con un mensaje común: reconocen que existen prácticas irregulares que deben corregirse y buscarán mayor acercamiento con el sector para atender las denuncias.
Aunque ninguno aceptó abiertamente que sus tránsitos participen en cobros ilegales, las respuestas de los ediles confirmaron que el tema está presente y que requieren reforzar mecanismos de vigilancia y diálogo.
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