Monterrey.- La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, a través de la División Ambiental, ha atendido 1 mil 436 reportes por presunto maltrato animal en un periodo de cuatro meses y medio, lo que ha derivado en el aseguramiento de 460 animales en distintos municipios del estado, informó el titular de la dependencia, Raúl Lozano.
Durante su mensaje, el funcionario estatal explicó que la atención a estos casos se ha fortalecido gracias a la participación ciudadana, principalmente mediante la línea de atención directa 070, a través de la cual se reciben denuncias relacionadas con abuso, negligencia o crueldad contra animales domésticos.
“En estos escasos 4 meses y medio casi 1500 reportes de maltrato animal que son recibidos en nuestra línea de atención directa, el 070”, señaló.
Derivado de estos reportes, la Secretaría de Medio Ambiente ha llevado a cabo operativos que permitieron el aseguramiento de más de 460 animales, los cuales se encontraban en condiciones de riesgo o vulnerabilidad.
Al respecto, Lozano puntualizó: “Se han asegurado 460 animales”, entre los que se encuentran ejemplares de distintas razas, edades y tamaños.
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Una vez asegurados, los animales quedan bajo resguardo de la dependencia estatal y posteriormente son trasladados al Centro Estatal de Atención Animal (CEAA) de Nuevo León, donde reciben atención médica, valoración veterinaria y cuidados básicos.
Este centro fue inaugurado el 8 de septiembre de 2025 y forma parte de la estrategia estatal para garantizar la protección y el bienestar animal.
El CEAA opera de manera coordinada con la División Ambiental, la cual fue inaugurada el 8 de agosto y está integrada por diversas instancias del Gobierno del Estado.
Entre ellas se encuentran la Procuraduría Ambiental, la División de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado, la Agencia de la Calidad del Aire, la Agencia de Energías Renovables, Rangers de Parques y Vida Silvestre, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), Agua y Drenaje de Monterrey, FIDEURB y SIMEPRODE, lo que permite una atención integral de los casos denunciados.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que de enero a noviembre del presente año se atendieron 286 casos relacionados con delitos de maltrato o crueldad contra los animales domésticos.
De acuerdo con los datos oficiales, el mes con mayor número de incidencias fue agosto, cuando se registraron 58 casos.
Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier situación de maltrato animal, al destacar que los reportes oportunos permiten actuar de manera inmediata, rescatar a los animales afectados y dar seguimiento legal a los responsables, reforzando así la protección de los animales en Nuevo León.
De acuerdo con el artículo 445 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, el maltrato o la crueldad contra animales domésticos es un delito que se castiga con penas de prisión y sanciones económicas.
La ley establece que quien, por acción u omisión, cause lesiones, dolor o sufrimiento a un animal doméstico puede recibir de seis meses a dos años de cárcel, además de una multa de 50 a 100 cuotas.
Si el maltrato pone en riesgo la vida del animal, la pena puede aumentar hasta en una mitad.
Cuando el maltrato o la crueldad provoquen la muerte del animal doméstico, la sanción se incrementa de seis meses a tres años de prisión, así como una multa de 250 a 300 cuotas.
Las personas responsables de este delito pierden todo derecho sobre los animales que tenían bajo su cuidado y pueden ser inhabilitadas para trabajar en actividades relacionadas con el manejo o trato de animales, por un periodo equivalente a la pena impuesta o hasta cumplir con el tratamiento psicológico o trabajo comunitario ordenado.
También se considera maltrato animal cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la integridad física o el bienestar del animal, incluyendo mantenerlo en condiciones de abandono o inanición.
En el caso de servidores públicos que tengan a su cargo el cuidado de animales domésticos y cometan este delito, la ley contempla sanciones adicionales, como la suspensión o inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión.