Monterrey.- La diputada local de Morena, Reyna Reyes, presentó un exhorto para avanzar en la regulación del transporte escolar en Nuevo León, al señalar que las propuestas discutidas hasta ahora continúan en análisis y no han derivado en acciones concretas para atender los riesgos existentes.
El documento, entregado en la oficialía de partes del Congreso del Estado, plantea la necesidad de crear un registro público del transporte escolar, que permita conocer cuántos transportistas operan, si cuentan con capacitación y si cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.
La legisladora advirtió que la falta de control representa riesgos tanto para estudiantes como para padres de familia.
Reyes subrayó la importancia de garantizar que las unidades se encuentren en buenas condiciones mecánicas, reciban mantenimiento y no sean vehículos obsoletos.
La diputada reiteró además su rechazo a que sean las instituciones educativas las encargadas de asumir esta responsabilidad.
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"El transporte escolar es bueno, pero debe ser responsabilidad del Estado. También se deben ver las infracciones que tienen los transportistas", comentó.
Durante su intervención, recordó que en las mesas de trabajo realizadas previamente en el Congreso se expuso que algunos colegios cuentan con recursos para operar transporte propio o modelos como el auto compartido.
Sin embargo, afirmó que el caso de las escuelas públicas es distinto, pues requieren mayor apoyo institucional y la supervisión de la Secretaría de Movilidad, especialmente en temas como seguros vigentes y verificación de unidades.
"Lo que vimos fue que le dieron marcha atrás de que no fuera obligatorio, yo les decía cómo lo vas a hacer obligatorio para este ciclo escolar, recuerda que todos los directivos y el personal andan de vacaciones. Aparte no estuve de acuerdo por la comunicación que tuve con los directivos de escuelas que ellos no querían más responsabilidades, porque todo lo que ocurre en la escuela es responsabilidad del director", señaló.
La morenista insistió en que la regulación debe centrarse en el Estado y no en las comunidades educativas, para garantizar un servicio confiable y seguro para todos los estudiantes.
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