Monterrey.- El senador Waldo Fernández González hizo un llamado público para evitar que la Mesa de Seguridad del Estado sea utilizada con fines políticos, particularmente en el contexto de la discusión del Presupuesto 2026 de Nuevo León. El legislador se sumó al posicionamiento expresado previamente por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quien advirtió sobre el riesgo de emplear dicho órgano con propósitos ajenos a su naturaleza técnica.
Fernández señaló que, el día de ayer, trascendió que la Mesa de Seguridad habría “avalado” el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno del Estado. Ante esta versión, el senador aclaró que la mesa no cuenta con facultades legales ni competencia institucional para validar presupuestos, por lo que consideró necesario precisar su papel y evitar confusiones públicas.
Asimismo, llamó a respetar plenamente la autonomía del Congreso de Nuevo León, al subrayar que son las diputadas y los diputados quienes deben decidir el Presupuesto 2026 en ejercicio soberano de sus atribuciones. Enfatizó que ninguna instancia que no forme parte del proceso legislativo debe intervenir ni ejercer presión sobre el Poder Legislativo, mucho menos a través de órganos destinados a tareas de seguridad.
“La mesa no tiene competencia para validar presupuestos, pero sobre todo no se puede hacer el uso político de esta mesa para presionar a las y los diputados, que en su actuar soberano deberán decidir el presupuesto para Nuevo León”, expresó Fernández.
El senador reiteró que la Mesa de Seguridad —creada como un espacio de coordinación interinstitucional— debe conservar su objetivo técnico y operativo, centrado exclusivamente en la atención y análisis de temas relacionados con la seguridad pública del estado. Subrayó que desviar su función para influir en decisiones de carácter legislativo vulnera su esencia y afecta la confianza en los mecanismos de colaboración entre autoridades.
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Finalmente, Fernández sostuvo que la discusión presupuestal debe desarrollarse con pleno respeto a la división de poderes y sin interferencias externas, garantizando así un proceso transparente y apegado a la ley.