Monterrey.- La Vice Coordinadora de la Bancada Legislativa de Morena, Bere Martínez, presentó una iniciativa que, además de impulsar la creación del Registro Estatal de Agresores Sexuales, establece que todas las personas que deseen ingresar a instituciones educativas, organizaciones deportivas, culturales, de asistencia social, o centros de atención a menores, tanto públicos como privados, deberán presentar Constancias de No Antecedentes Sexuales.
Martínez explicó que el Registro Estatal de Agresores Sexuales incluirá a aquellos individuos condenados con sentencia firme por delitos sexuales.
Este registro se mantendrá activo durante el tiempo de la pena impuesta y diez años adicionales, permitiendo su eliminación si se demuestra la rehabilitación del agresor y la no reincidencia.
“Esto impedirá que agresores reincidentes tengan acceso laboral a poblaciones vulnerables, cerrando filas en espacios como escuelas, guarderías, centros deportivos o culturales. Asimismo, las dependencias y organizaciones que trabajan con menores podrán solicitar verificaciones del personal en el Registro antes de contratar, asegurando que sus empleados carecen de antecedentes sexuales”, especificó.
Asimismo, Martínez subrayó que, según esta propuesta, ninguna persona registrada en el Registro Estatal de Agresores Sexuales podrá ocupar cargos en instituciones o centros que brinden servicios de enseñanza, cuidado o atención a niños, niñas y adolescentes.
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“En primer lugar, no se trata de un registro de acceso público, sino de un listado restringido solo a autoridades de seguridad, procuración de justicia y dependencias encargadas de la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es decir, únicamente policías, fiscales, jueces y entidades de protección social podrían consultarlo para fines de investigación, prevención del delito y protección de víctimas”, añadió.
Finalmente, la legisladora presentó un Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, el Código Penal para el Estado de Nuevo León y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado.