Monterrey.- La diputada local del PAN, Myrna Grimaldo, propuso la realización, en el presente mes, de una Mesa de Trabajo para analizar la creación del Registro de Obligaciones Alimentarias. La propuesta fue hecha en sesión ordinaria y aprobada por unanimidad.
“La falta de un mecanismo estatal para el seguimiento y control de las personas deudoras alimentarias representa un vacío legislativo que no permite actuar de manera efectiva frente a esta grave problemática.
“La creación de un Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias sería una herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de estas responsabilidades, protegiendo así los derechos de los menores y promoviendo la responsabilidad de los padres en el sustento de sus hijos”, detalló Grimaldo Iracheta.
Aseguró que la creación de un Registro Estatal Obligaciones Alimentarias en Nuevo León tendría múltiples beneficios, tanto para las madres como para los menores afectados, entre los cuales destacan mayor protección para los menores
En la actualidad, varios estados de la República Mexicana, como Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Nayarit, ya cuentan con un Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias.
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Estos registros han demostrado ser una herramienta clave para asegurar el cumplimiento de las pensiones alimenticias y mejorar la situación de las madres y niños afectados, permitiendo un control y seguimiento más efectivo de los pagos.
En algunos países, como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador, se han adoptado restricciones como la prohibición de renovar licencias de conducir, la negativa de créditos bancarios o la limitación de la salida del país a los deudores alimentarios morosos.
Estas medidas buscan fomentar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, protegiendo a los menores y garantizando que los padres asuman su responsabilidad.
La legisladora albiazul también garantizó que los adoptantes no sean deudores alimentarios contribuye a evitar que los menores adopten un entorno inestable o que se les prive de los derechos que por ley les corresponden, fortalecimiento de la seguridad jurídica.