Monterrey.- El alcalde, Adrián de la Garza, aseguró que las reformas a los reglamentos de Construcción, Uso de suelo y Preservación ambiental del municipio se aprobarán como lo determinen los ciudadanos.
Y es que, el pasado 25 de marzo, se aprobó someter a consulta la modificación de los tres reglamentos, lo cual se prestó a malas interpretaciones al considerar que se iba a eliminar el requisito de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para las construcciones.
Ante esto, durante la segunda sesión ordinaria de abril realizada este miércoles, el munícipe destacó que el MIA no se va a eliminar en el municipio y las reformas se realizarán conforme a lo que la gente exija.
Asimismo, reiteró que la consulta pública, la cual fue habilitada durante el periodo vacacional de Semana Santa, se ampliará un mes más.
“Hay algunas posiciones con dudas y tenemos que explorar los nuevos planteamientos de los vecinos; se va a tomar una decisión ciudadana más que técnica, estamos totalmente de acuerdo (en escuchar la opinión de la comunidad), hay que escucharlos y se tomará la decisión que la ciudadanía nos mande y nos exija”, mencionó el priista.
Asimismo, informó que, el martes, se realizó una reunión entre la comunidad y regidores, con ello, mencionó que se seguirán realizando mesas de trabajo con los vecinos interesados en participar para escuchar todas las voces.
“Esperamos que sea un verdadero ejercicio democrático y que no sea aprovechado a veces por algunas personas como un tema político. Esto es de los regiomontanos, para los regiomontanos”, dijo el alcalde.
El pasado 21 de abril, vecinos de diferentes colonias de Monterrey, junto con la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, acudieron al Palacio Municipal para mostrar su descontento por las modificaciones, esto al señalar de riesgoso la flexibilización de estos trámites.
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Y es que también, en pleno periodo vacacional, el ayuntamiento regio habilitó una consulta ciudadana para modificar los tres reglamentos clave en materia urbana y ambiental, lo que generó señalamientos por parte de legisladores y organizaciones sociales, al considerar que se busca beneficiar a desarrolladoras inmobiliarias y omitir requisitos importantes de protección.