Monterrey.- El Congreso de Nuevo León aprobó diversas modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y obligar a todos los muñí a contar y actualizar su Atlas de Riesgo.
Lo anterior al señalar que algunos de los ayuntamientos tienen más de 20 años sin actualizar esta herramienta, lo cual ayudaría a evitar un desarrollo urbano descontrolado y riesgoso, de acuerdo a lo que apuntó el diputado local del PAN, Miguel García Lechuga.
Tras el impacto en la localidad de la tormenta Alberto, desde el pleno el panista apuntó que en el caso de los ayuntamientos metropolitanos deberá actualizarse cada seis años y en los municipios de la zona rural la temporalidad de actualización será cada 9 años tras la aprobación del dictamen en más de 10 artículos de la citada Ley.
Apuntó que con esto se estaría obligando al Estado y a los municipios a mantener actualizados los Atlas de Riesgo, al ser una información fundamental para prevenir tragedias al evitar construcciones y desarrollos en zonas de riesgo que pueden ser factor de tragedias ante el embate de fenómenos naturales.
También apuntó que esto obedece al reclamo constante, como la reparación de inmediato de coladeras y registros abiertos que ponen en riesgo a peatones y automovilistas, ya que se contempla exigir materiales de construcción de mayor calidad y más duraderos.
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“Las modificaciones que hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía no son ajustes menores. Representan una respuesta directa y necesaria a las demandas de los y las ciudadanas de todo el Estado por un entorno más seguro, ordenado y justo”, expuso García Lechuga.
También impactará a las preventas
El también presidente de la comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, añadió que ahora se contempla una obligatoriedad del alumbrado público, para mejorar la seguridad vial y personal en las calles.
Aunado a que también se aprobó sancionar con firmeza a quienes lucren vendiendo desarrollos inmobiliarios sin las autorizaciones correspondientes, como en el caso de las preventas.
“Con ello, se brinda certeza jurídica a los compradores y se cierra la puerta a fraudes que tanto daño han causado. “Con estas acciones combatimos la ilegalidad y protegemos el patrimonio de las familias. Este dictamen recoge inquietudes ciudadanas legítimas y las traduce en acciones legislativas concretas. Votar a favor es votar por la seguridad de nuestras familias, por ciudades mejor planificadas, por la protección del patrimonio ciudadano y por un desarrollo urbano que respete la ley y el bienestar colectivo”, agregó el legislador panista.