Monterrey.- En un contexto de incertidumbre institucional ante la extinción del INAI y posibles cambios en los órganos garantes locales, la jornada “Diálogos por la Transparencia”, organizada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, ha puesto el foco no sólo en las reformas legales, sino en el papel decisivo que debe asumir la ciudadanía para sostener el derecho a saber.
Durante las actividades recientes de la jornada, la contralora general del Estado, María Teresa Herrera Tello, subrayó que la transparencia va más allá de las estructuras formales del gobierno.
“Este recordatorio es fundamental, al subrayar que la transparencia no depende únicamente de las instituciones, sino de una ciudadanía activa y exigente que reclama su derecho a saber”, enfatizó ante especialistas y miembros de la sociedad civil.
En ese mismo sentido, la excomisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, lanzó un llamado directo a los colectivos ciudadanos al exhortarlos a exigir transparencia.
“Yo los invito a que operen como sociedad, y aquí lo digo, ya lo ofreció la Contralora, sin ustedes no podemos caminar, sin ustedes no podemos hacer una reforma y sin ustedes no podemos tener acceso a la información en transparencia”, dijo.
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Del Río Venegas reconoció también algunos avances estatales, como el rediseño del Portal Estatal, el desarrollo de una nueva Plataforma Estatal de Transparencia y la introducción de evaluaciones automatizadas, herramientas que, según apuntó, fortalecen la rendición de cuentas y el acceso público a la información.
Aunque la jornada lleva por nombre “Diálogos”, el mensaje predominante ha sido claro: no basta con conversaciones técnicas entre autoridades, se requiere una acción activa de la ciudadanía para que la transparencia no quede solo como un discurso institucional.
Este evento continuará con seis mesas temáticas que abordarán aspectos técnicos de la reforma constitucional en curso y los retos de su aplicación local.
Las autoridades informaron que se buscará generar propuestas concretas para consolidar un modelo de transparencia funcional, accesible y enfocado en las necesidades reales de la población.
Desde la visión de los organizadores, este ejercicio no solo se trata de cumplir con la Constitución, sino de fortalecer el tejido democrático mediante una vigilancia ciudadana constante, organizada y efectiva.