Monterrey. - Durante una visita al Centro de Reinserción Social número 2 de Apodaca, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que los penales del estado han dejado atrás los años de autogobierno, hacinamiento y violencia, gracias a una transformación estructural en infraestructura y enfoque penitenciario.
El mandatario estatal encabezó ahí la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, desde donde realizó un recorrido por las nuevas instalaciones del penal, incluyendo aulas, biblioteca, talleres productivos y cocina, parte de un modelo renovado de reinserción social.
“Antes vivían en sobrepoblación. Hoy tenemos mil 500 lugares más que van a estar disponibles. Ojalá no se ocupen, pero si se requieren, se va a tratar con respeto y dignidad a los presos, con este enfoque de reinserción”, declaró García.
García anunció que, hasta ahora, su gobierno ha destinado mil 500 millones de pesos para la ampliación y modernización del sistema penitenciario estatal. Además, se contempla una inversión adicional de 2 mil millones de pesos para el cierre del sexenio.
Actualmente, Nuevo León cuenta con un superávit de 400 celdas y se prevé que en los próximos dos meses se habiliten mil 500 más, lo que ampliará la capacidad carcelaria en aproximadamente 2 mil espacios nuevos.
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“Cuando llegamos había 8 mil personas privadas de la libertad, hoy hay 11 mil 300. Si sigue ese ritmo de detenciones, se van a ocupar más espacios, y ya estarán listos”, añadió el gobernador.
El mandatario estatal también expresó su objetivo de que Nuevo León alcance el primer lugar nacional en evaluaciones de centros penitenciarios, replicando el reciente logro de la Fuerza Civil, que obtuvo el primer lugar nacional en confianza ciudadana, según la encuesta del INEGI.
“Queremos que nuestros penales sean ejemplo nacional. Ya demostramos que Fuerza Civil puede ser la número uno en confianza y desempeño; ahora vamos por lo mismo en nuestro sistema penitenciario”, afirmó.
La estrategia del gobierno estatal incluye programas educativos, capacitación para el trabajo, vigilancia permanente, respeto a los derechos humanos, y condiciones dignas para los internos, como parte de un enfoque integral de seguridad y reinserción.
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