Monterrey.- A 26 años de su creación, el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram) representa un símbolo de la descoordinación metropolitana.
La transición al C5 no ha sido suficiente para revertir el congestionamiento vial y pese a que la inversión continúa, la movilidad en NL sigue estancada.
En abril de 1999, durante la administración del gobernador Fernando Canales Clariond, Nuevo León apostó por una solución innovadora para resolver la problemática vial creciente de su Zona Metropolitana: el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram).
Nació como un fideicomiso conjunto entre el Gobierno del estado y siete municipios metropolitanos con el ambicioso objetivo de optimizar el tránsito, reducir los tiempos de traslado y coordinar de forma inteligente los semáforos, la promesa permanece incumplida.
Lejos de convertirse en la columna vertebral de la movilidad urbana, el Sintram ha sido objeto de auditorías, contratos cuestionados y señalamientos de ineficiencia.
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Y es que a pesar de inversiones millonarias y promesas de modernización, los ciudadanos siguen atrapados en embotellamientos diarios, con semáforos desincronizados y un sistema que opera por debajo de su potencial.
El fideicomiso fue formalizado el 15 de abril de 1999, con la participación de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Apodaca y Escobedo, reconociendo que el tránsito metropolitano requería una gestión coordinada.
Su meta inicial era conectar 406 intersecciones semaforizadas a un centro de control que permitiera ajustes en tiempo real y una reducción drástica en tiempos de viaje, accidentes y emisiones contaminantes.
Pero desde su diseño, el Sintram funcionó con una estructura administrativa limitada, subcontratando la operación técnica a empresas externas, lo que abrió una brecha en la rendición de cuentas.
Aunque en 2022 se publicó un Código de Conducta para regular a los funcionarios de fideicomiso, era evidente la falta de resultados.
En 2022, el Gobierno estatal firmó un contrato por mil 796 millones para modernizar el Sintram, que fue 63 por ciento más caro de lo previsto.
Luego, en 2023, se inauguró el C5 con 3 mil 600 millones, el cual no sólo asumiría la gestión del tránsito, sino también la videovigilancia, atención de emergencias y coordinación interinstitucional en seguridad. No obstante, el fideicomiso continúa existiendo administrativamente dentro de esta nueva estructura.
Su personal y funciones operan como un “espejo” del Centro de Gestión de Transporte, bajo el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, lo que ha generado confusión operativa y cuestionamientos sobre la verdadera transformación del sistema.
Para 2024 se anunció otro presupuesto de mil 800 millones para el Sintram, sin avances ni licitaciones reportadas.
Sin embargo, persisten los semáforos desincronizados, caos vial y fallas operativas. Desde 2019, se registran 424 mil 508 siniestros viales, 25 mil 079 personas lesionadas y mil 317 muertes.
La confusión entre instituciones y falta de resultados evidencian un fracaso en movilidad.