Monterrey.- Industria del Álcali, empresa dedicada a la producción química inorgánica y señalada durante años como una de los principales contaminantes del estado, anunció un plan de inversión de 200 millones de pesos para retirar las chimeneas de sus plantas de cloruro de calcio en García, antes de que concluya 2029.
La promesa de la empresa es reducir la visibilidad de las emisiones de vapor de agua que generan estas instalaciones, especialmente notorias en temporadas de bajas temperaturas y alta humedad.
El primer retiro está programado para el verano de 2026 y, de manera progresiva, se eliminarán tres chimeneas más en los años siguientes.
Las emisiones, según la empresa, cumplen con las normas ambientales y son evaluadas por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La compañía asegura que se trata principalmente de aire y agua, sin riesgo para sus trabajadores ni para la población.
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El proyecto forma parte de un plan ambiental iniciado en 2020, cuando Álcali destinó alrededor de 80 millones de pesos para retirar 17 chimeneas en otras áreas de producción.
En otros hechos, suspenden chatarrera en Escobedo por riesgos ambientales
El pasado jueves 14 de agosto, una chatarrera en General Escobedo fue suspendida por la Procuraduría Ambiental y Fuerza Civil debido a diversas irregularidades que ponían en riesgo el medio ambiente y la salud pública.
La acción forma parte de un operativo de la Nueva División Ambiental para verificar el cumplimiento de la normativa.
Durante la inspección, se detectó que la empresa tenía una inadecuada disposición de residuos especiales en un área de más de 7,300 metros cuadrados.
Estos residuos, esparcidos a cielo abierto, representaban un riesgo potencial de incendio, con la posible liberación de contaminantes a la atmósfera.
Además, el sitio no contaba con sistemas para evitar la dispersión de partículas derivadas del tránsito y el movimiento de los materiales, lo que incrementaba la contaminación del aire.
La empresa operaba sin las autorizaciones ambientales y administrativas requeridas, y utilizaba un pozo de aguas nacionales sin permiso.
La Procuraduría ordenó a la chatarrera implementar medidas urgentes para el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones de polvo y la remediación de manchas de aceite.