Monterrey.- Ante la creciente proliferación de procedimientos estéticos realizados en condiciones irregulares y por personal no calificado, la diputada local del PRI, Gabriela Govea, propuso una reforma al Código Penal de Nuevo León para sancionar penalmente a los establecimientos médicos que permitan este tipo de prácticas.
La legisladora presentó una iniciativa que plantea imponer penas de dos a seis años de prisión a los directores o administradores de clínicas y centros médicos que autoricen cirugías médico-quirúrgicas sin asegurarse de que el personal cuente con la certificación vigente como especialista.
“En el Código Penal no existía ninguna sanción para el establecimiento que permite estos procedimientos. Es momento de cerrar la puerta a este tipo de prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas”, declaró Govea.
Acompañada por la también diputada priista Armida Serrato y por especialistas en otorrinolaringología, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local también propuso ampliar el delito de usurpación de funciones para castigar a quienes ejerzan procedimientos quirúrgicos sin la certificación adecuada.
La iniciativa incluye la modificación de diversas fracciones de los artículos 229, 255 y 386 del Código Penal Estatal, así como la adición de nuevas disposiciones que permiten tipificar la responsabilidad tanto individual como institucional.
Te podría interesar
Govea López también alertó sobre el crecimiento de esquemas de financiamiento informal conocidos como “tandas”, que ofrecen cirugías estéticas a bajo costo sin ningún tipo de garantía médica ni supervisión profesional.
“Estamos pidiendo que se sancione a quienes reciben dinero de terceros para ofrecer procedimientos estéticos a cargo de médicos sin la debida certificación”, añadió.
Datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) revelan que más del 52% de las cirugías plásticas y estéticas en México son realizadas por personas que no cuentan con la especialidad correspondiente, lo que representa un riesgo grave para la salud pública.
Finalmente, la diputada también entregó un exhorto dirigido al delegado de la Profeco en Nuevo León, solicitando que vigile que los hospitales cumplan con la normatividad vigente, previniendo cobros excesivos, cargos no informados y prácticas que vulneren los derechos de los consumidores.
“El grupo legislativo del PRI reitera su compromiso con la salud y seguridad de los nuevoleoneses, y seguiremos trabajando para cerrar el paso a las prácticas irresponsables que ponen en peligro a la ciudadanía”, concluyó.