Monterrey.- En Nuevo León, los delitos ambientales en apenas ocho meses de 2025 duplicaron a todos los registrados en los últimos cuatro años, revelan estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Según los registros oficiales, los delitos ambientales mostraron una tendencia relativamente estable en años recientes. En 2021 se reportaron 21 casos, cifra que disminuyó levemente a 18 en 2022.
Para 2023, los incidentes volvieron a incrementarse a 24, y en 2024 alcanzaron los 37. Sin embargo, en 2025 la situación cambió drásticamente, con un aumento sin precedentes que rompió por completo la tendencia.
En apenas ocho meses, de enero a agosto, ya suman 200 ilícitos relacionados con daño al medio ambiente, lo que representa un incremento de 441 por ciento en comparación con el año pasado y más el doble de los registrados entre 2021 y 2024.
Marzo se colocó como el mes más crítico en lo que va del año, con 57 delitos ambientales, cifra que por sí sola equivale al 54 por ciento del total reportado durante todo 2024.
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Otros picos relevantes se dieron en julio y agosto, con 36 y 30 casos, respectivamente, superando con amplitud los registros históricos.
Estos números revelan un patrón sostenido y no un hecho aislado.
Al respecto, Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, reveló durante entrevista para ABC Noticias que esta alza es inercia de la implementación de la recién creada División Ambiental, encargada del combate a estos delitos.
“Este incremento de más del 400 por ciento es derivado de las acciones que hemos venido haciendo en el Gobierno del estado, este despliegue institucional para ir a perseguir a quien dañe a nuestros animalitos, a quien tire basura a nuestros ríos, a nuestros arroyos, a quien tenga un tiradero clandestino, a quien esté extrayendo materiales de manera clandestina, a quien esté contaminando nuestro suelo, nuestro aire, nuestra agua”, señaló.
Finalizó expresando que ante este panorama la dependencia estatal busca reforzar la cultura de la denuncia y la vigilancia permanente en zonas rurales, áreas naturales protegidas y espacios urbanos, donde también se han detectado tiraderos clandestinos y descargas ilegales a ríos y arroyos.