Monterrey.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) destina actualmente entre 250 y 300 agentes ministeriales para fungir como escoltas de exfuncionarios, en lugar de incorporarlos a labores de investigación, los cuales además generan un gasto de entre 5 y 7.8 millones de pesos mensuales sólo en sueldos.
Se trata de personal capacitado que cumple funciones de protección personal, mientras áreas críticas enfrentan una creciente carga de trabajo.
Según la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, los exfuncionarios de alto nivel tienen derecho a contar con escoltas y vehículos oficiales hasta por tres años, mientras que los gobernadores tienen un periodo de seis años después de concluir su encargo, salvo que por la naturaleza de los riesgos o amenazas se determine ampliar el periodo.
Entre los beneficiados con escoltas, pese a que su periodo ya expiró, se encuentran exprocuradores y exdirectores de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes conservan seguridad personal, incluso una década después de haber dejado el cargo.
Cada exmando dispone de entre dos y siete escoltas, con sueldos que oscilan entre los 20 mil y 26 mil pesos mensuales, generando un gasto de 40 mil a 182 mil pesos mensuales por exfuncionario, sin considerar el mantenimiento de los vehículos oficiales y otros costos operativos.
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Si bien los exfuncionarios cubren los alimentos del personal y el combustible de las unidades, fuentes internas advierten que este esquema representa una verdadera “fuga” de recursos humanos, que limita la capacidad operativa de la Fiscalía para combatir delitos.
En mayo de 2025, el fiscal general de Justicia, Javier Flores, reconoció que la falta de personal en la institución contribuye a las deficiencias en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
Uno de los casos de exfuncionarios protegidos es el de Guadalupe Saldaña, exdirector de la AEI en 2011 y actual secretario de Seguridad Pública de García, quien en entrevista para ABC Noticias reveló que mantuvo escoltas durante 10 años tras su salida del servicio público.
“En mi caso es por amenazas directas en contra mía y de mi familia, derivado de detenciones sistemáticas a líderes de varios grupos de la delincuencia organizada en operaciones que en su momento yo mismo comandé”, declaró Saldaña.
Por su parte, Roberto Flores, titular de la Procuraduría de 2015 a 2017, aún cuenta con al menos dos escoltas asignados en distintos turnos.
Se solicitó a la Fiscalía información sobre el número exacto de ministeriales asignados a escoltas, pero por motivos de confidencialidad y seguridad de los exfuncionarios no se proporcionó.