Monterrey.- El Poder Judicial ha cargado apenas 129 deudores alimentarios en el Registro Estatal, una cifra que empieza a dimensionar el alcance de una legislación reciente y que busca atender una problemática social persistente.
En sus primeros dos meses de operación y tras la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, apenas comienzan a ser cargadas al sistema las personas que incumplen con el pago de pensión alimenticia.
La creación de este registro fue impulsada con la intención de dar seguimiento a los casos de incumplimiento, facilitar sanciones administrativas y procurar que niñas, niños y adolescentes reciban los recursos que legalmente les corresponden para su bienestar.
No se trata únicamente de una lista, sino de un mecanismo diseñado para hacer visible y sancionable una conducta que durante años ha afectado a miles de familias en la entidad.
El padrón concentra información de personas que han sido declaradas deudores alimentarios por un tribunal y se actualiza tanto para incorporar nuevos casos como para eliminar a quienes regularicen sus pagos.
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Su administración recae en instancias como el DIF Nuevo León, en coordinación con el Poder Judicial y los tribunales familiares, encargados de mantener el registro actualizado, vigente y disponible para su consulta.
La ley establece consecuencias claras para quienes figuran en esta lista, las cuales son:
- No podrán tramitar ni renovar su licencia de conducir
- No podrán contraer matrimonio civil
- No podrán participar en procesos de adopción ni acceder a cargos públicos o ciertos trámites administrativos, hasta lograr ponerse al corriente con sus obligaciones.
Estas restricciones buscan generar presión para que los deudores cumplan con sus responsabilidades y, en teoría, motiven la regularización de sus adeudos.
Desde su entrada en vigor, la medida ha generado reacciones diversas. Por un lado, colectivos de madres y grupos sociales han respaldado la iniciativa, argumentando que representa un paso necesario para proteger los derechos de las y los menores y sancionar la evasión de responsabilidades económicas.
Algunos consideran que este tipo de mecanismos puede ser un “escarmiento” necesario para quienes han ignorado repetidamente sus obligaciones.
Al mismo tiempo, expertos y ciudadanos han expresado inquietudes sobre cómo se aplicará en la práctica, subrayando la importancia de procedimientos que aseguren justicia sin estigmatizar injustamente a las personas inscritas.
Se señala la necesidad de que todas las instancias involucradas, tanto judiciales como sociales, trabajen de manera coordinada para que el registro cumpla con sus objetivos efectivos.
Para las autoridades locales, el reto ahora será mantener el registro actualizado, promover su consulta pública y garantizar que las sanciones previstas incentiven realmente el cumplimiento de las pensiones alimenticias, en un equilibrio entre la protección de los menores y los derechos de quienes aparecen inscritos en la lista.