San Pedro.- A más de una semana de que transportistas afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunciaron públicamente presuntos actos de extorsión por parte de Tránsitos en el municipio de San Pedro Garza García, aún no han definido ni el presupuesto ni el alcance del programa de cámaras corporales prometido para vigilar a sus elementos viales, medida anunciada como respuesta a los señalamientos.
Las acusaciones surgieron a inicios de enero, cuando transportistas denunciaron cobros indebidos y prácticas irregulares durante revisiones de tránsito.
El 6 de enero, el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, calificó como “falsas” las acusaciones.
Durante entrevista para ABC Noticias, aseguró que en San Pedro se facilita la circulación legal del transporte de carga y que no existían casos de extorsión dentro de la corporación.
Sin embargo, dos días después, el propio funcionario anunció que los agentes de tránsito serían equipados con cámaras corporales como medida de control y transparencia, postura que contrastó con su negativa inicial.
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En esa ocasión, David Kuri sostuvo que no se protegería a ningún elemento que incurriera en actos ilícitos y lanzó una advertencia directa.
“Nosotros no somos tapadera de ningún elemento que esté haciendo cosas ilícitas en el municipio. Vamos a llevarlos a lo máximo para que sean responsables de sus actos”, declaró para ABC Noticias.
Pese al anuncio, el Municipio sampetrino reconoció que el proyecto aún no está definido.
De acuerdo con información oficial, “el proceso administrativo no ha iniciado”, ya que “está en proceso definir el alcance y el presupuesto” y “se está en la gestión de recursos”, por lo que la implementación del equipamiento deberá ocurrir “en los siguientes meses”, sin precisar fechas ni montos, y sin que exista hasta ahora una partida presupuestal concreta.
Aunque inicialmente se habló de la adquisición de alrededor de 350 cámaras corporales de alta tecnología y de una modernización del sistema C4 para digitalizar infracciones y reducir la discrecionalidad, el propio municipio ha admitido que no hay cifras claras ni calendario definido, limitándose a señalar que, en el mejor de los casos, el arranque podría darse en febrero o en meses posteriores.
En el caso sampetrino, aunque se descartó una corrupción generalizada, la falta de un presupuesto definido y de un programa en marcha mantiene en pausa la principal medida anunciada para inhibir este tipo de prácticas.
Mientras el Municipio sostiene que la mayoría de sus elementos han aprobado los exámenes de control y confianza, la vigilancia a los tránsitos y el uso de tecnología antiextorsión siguen, por ahora, en el terreno de las promesas y de procesos administrativos aún no concretados.