Monterrey.- Transportistas afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunciaron extorsiones, cobros indebidos, detenciones arbitrarias y revisiones ilegales por parte de agentes de tránsito en municipios como San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García, prácticas que, aseguraron, han provocado pérdidas millonarias y han llevado a que compañías de carga eviten circular por Nuevo León, pese a tratarse de un estado estratégico por su cercanía con Estados Unidos y porque gran parte de la mercancía tiene como destino la entidad.
La denuncia se suma a un esquema de extorsión que desde hace meses ya había sido documentado y publicado por ABC Noticias el pasado 26 de noviembre, donde traileros advirtieron que las prácticas irregulares se han convertido en algo cotidiano dentro de corporaciones de tránsito municipales.
De acuerdo con esos testimonios, las detenciones sin sustento, amenazas, retención de documentos, uso discrecional de grúas y exigencias de pagos inmediatos forman parte de un mecanismo sistemático en municipios del Área Metropolitana y la periferia. Los cobros, señalaron, van de 20 a 30 mil pesos por “arreglos” en el momento, pero cuando un agente decide retener la unidad, las exigencias pueden alcanzar hasta los 40 mil pesos.
Las quejas previamente publicadas se concentraron en municipios como Cadereyta, Juárez, Santa Catarina, Salinas Victoria y El Carmen, donde los operadores denunciaron que son detenidos con argumentos mínimos o inexistentes, como placas “sucias”, vidrios polarizados, supuestas emisiones de humo o faltantes menores.
Cuando no se encuentra una causa válida, acusaron que los agentes improvisan nuevos motivos, incluso exigiendo documentos federales que no pueden ser solicitados por autoridades locales, para después retener papeles y amenazar con enviar las unidades al corralón, generando presión para forzar el pago y evitar retrasos con pérdidas millonarias, especialmente en sectores como el automotriz que operan bajo esquemas de entrega justo a tiempo.
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En la conferencia de prensa más reciente, el vicepresidente de Conatram, Omar Aguirre, afirmó: “Estamos hablando de detenciones arbitrarias, revisiones ilegales y afectaciones a libre tránsito del autotransporte de carga; además de la extralimitación de atribuciones que no les corresponden, ya que en diversos casos estos operativos operan en la práctica como controles de tránsito, más que acciones de investigación del delito”.
Añadió que se han registrado cobros que van de 10 mil hasta 100 mil pesos, así como pagos por supuestos daños a infraestructura que corresponde al ámbito federal y no municipal, por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales para frenar estos abusos.
Tras el reportaje publicado por ABC Noticias, los alcaldes de los municipios señalados reaccionaron el mismo 26 de noviembre con un mensaje común: reconocieron que existen prácticas irregulares que deben corregirse y manifestaron su disposición a fortalecer el diálogo con el sector transportista.
Aunque ninguno aceptó abiertamente que sus tránsitos participen en cobros ilegales, las respuestas confirmaron que el tema escaló a nivel político. En Salinas Victoria, el alcalde Raúl Cantú sostuvo que su administración reprobaba cualquier acto ilegal y recordó la creación de la Dirección de Asuntos Internos; en San Nicolás, Daniel Carrillo admitió que cada año se dialoga con asociaciones de transporte y reconoció que “siempre hay cosas que mejorar”.
Mientras que, en El Carmen, Gerardo de la Maza aseguró no tener denuncias formales, pero reiteró que no se tolerará ninguna conducta irregular y que existe apertura para colaborar con la Conatram.
La Confederación, tanto en sus denuncias previas como en la más reciente, ha insistido en que no busca impunidad ni trato preferencial, sino la aplicación estricta de la ley y mecanismos transparentes para el cobro de infracciones, propuestas que, según ha señalado el propio organismo, no han sido atendidas por los municipios involucrados.