Monterrey.- El caso del maestro colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, localizado la semana pasada al interior de un centro de rehabilitación en el municipio de Juárez, volvió a exhibir la falta de regulación, protocolos y control institucional que persiste sobre los llamados “anexos” en Nuevo León, espacios donde una persona puede ser internada sin notificación inmediata a familiares ni aviso obligatorio a las autoridades.
Aunque la Fiscalía estatal sostuvo que el docente ingresó por voluntad propia al centro Comunidad Fénix, la forma en que fue localizado encendió alertas: el hombre reportado como desaparecido durante varios días fue hallado a más de 25 kilómetros del último punto donde fue visto, sin que se tuviera registro oficial de su paradero hasta que el operativo de búsqueda fue difundido en medios.
“Desafortunadamente el tema de las adicciones y la dificultad de rehabilitar a quienes las padecen es sumamente complejo”, señaló el diputado local Mario Soto, al advertir que se trata de un problema estructural que va más allá de un solo centro de rehabilitación.
“Sin duda es importante que se vigilen estos lugares, porque a veces son más un negocio que un verdadero lugar de sanación, lo cual no contribuye a la rehabilitación”, advirtió el legislador, al subrayar que la operación irregular de muchos anexos representa un riesgo tanto para los internos como para sus familias.
De acuerdo con cifras presentadas en el Congreso local, en Nuevo León existen alrededor de 600 centros de rehabilitación, pero únicamente 126 están registrados oficialmente, mientras que apenas ocho inspectores se encargan de supervisarlos en todo el estado, una capacidad claramente insuficiente para garantizar su correcto funcionamiento.
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“Se necesita un inventario y una serie de normas básicas de operación, así como combatir los anexos ‘patito’, que no tienen como enfoque principal el bienestar de las personas”, añadió Mario Soto, al insistir en la urgencia de establecer controles mínimos que permitan distinguir entre centros formales y espacios que operan en la ilegalidad.
Las denuncias contra anexos no se limitan a la opacidad administrativa. Entre 2021 y 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió 16 expedientes por maltrato, más del doble de los registrados entre 2015 y 2020. Golpizas, encierros forzados, privación de alimentos y tratos degradantes forman parte de los testimonios documentados en distintos municipios del estado.
Como antecedente inmediato de los riesgos que rodean a estos centros, el pasado 5 de enero de 2026 un empleado del anexo Vida y Luz Hombre Nuevo fue asesinado en Guadalupe durante un intento de internamiento.
Según la información disponible, el trabajador acudió junto con otras personas a un domicilio para trasladar a un hombre al centro de rehabilitación, intervención que derivó en un ataque con arma blanca y la muerte del joven de 27 años, un hecho que volvió a evidenciar las condiciones de violencia, ausencia de protocolos y falta de regulación bajo las que operan muchos de estos anexos en Nuevo León.