Monterrey. - El incumplimiento en el pago de pensión alimentaria continúa en ascenso en Nuevo León y en 2025 alcanzó su nivel más alto registrado en los últimos años.
De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante el año pasado se abrieron 825 carpetas de investigación por este delito, casi el doble de las registradas hace cinco años.
El comportamiento al alza ha sido constante. En 2021 se documentaron 555 casos, en 2022 la cifra subió a 657, para 2023 se contabilizaron 650 carpetas, mientras que en 2024 el número volvió a incrementarse hasta 770 denuncias, culminando en el máximo histórico de 825 en 2025.
Este incremento no solo evidencia una mayor disposición a denunciar, sino también un problema estructural en el cumplimiento de las responsabilidades familiares, principalmente tras procesos de separación o divorcio, donde niñas, niños y otros dependientes resultan directamente afectados.
Pese a este escenario, el Padrón de Deudores Alimentarios en la entidad avanza a paso lento, lo que contrasta con el crecimiento sostenido de la problemática. Mientras las denuncias aumentan año con año, los mecanismos de sanción y visibilización de los deudores no muestran el mismo ritmo, lo que limita su efecto disuasivo.
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De acuerdo con el Código Penal de Nuevo León, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias —ya sea hacia hijas e hijos, cónyuge, personas con discapacidad o adultos mayores— puede castigarse con penas de uno a seis años de prisión, además de multas y la posible pérdida de derechos de patria potestad o tutela, entre otras consecuencias legales.
Piden agilizar registro de deudores alimentarios en Nuevo León
La diputada local de Morena, Greta Barra, pidió que aceleren el proceso de implementación del Registro de Deudores Alimentarios, al advertir que los derechos de niñas y niños continúan siendo vulnerados ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
ABC Noticias publicó el pasado 13 de enero que el Poder Judicial ha cargado apenas 129 deudores alimentarios en el Registro Estatal, una cifra que empieza a dimensionar el alcance de una legislación reciente y que busca atender una problemática social persistente.
El pasado martes se llevó a cabo una mesa de trabajo en el Congreso Local para definir la implementación del registro, en la que participaron autoridades estatales, entre ellas la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan; Adriana del Amor Serna, magistrada del Poder Judicial del Estado de Coahuila; activistas del Colectivo Ley Sabinas, así como diputadas y diputados.
Durante la reunión, la legisladora morenista, señaló que, aunque se acordó que el registro sea publicado en un plazo de hasta 300 días, los testimonios de infancias y madres autónomas evidencian que la falta de cumplimiento por parte de deudores alimentarios ya está vulnerando derechos fundamentales, por lo que insistió en la urgencia de reducir los tiempos de implementación.
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