Denuncian a Jesús Nava por presunta red de extorsión a comerciantes

El diputado federal, Víctor Pérez, acusa formalmente al alcalde de Santa Catarina.

Créditos: Facebook / Jesús Nava
Escrito en LOCAL el

Santa Catarina.- El diputado federal Víctor Pérez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León en contra del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, así como de diversos funcionarios municipales, por su presunta participación en una red de extorsión a empresarios y comerciantes del municipio, a través de dependencias como Protección Civil, Dirección de Comercio y Dirección de Alcoholes.

El legislador solicitó que se inicie una carpeta de investigación y se proceda penalmente por la probable comisión de delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, contemplados en el Código Penal del Estado de Nuevo León.

Además, pidió que, una vez integrada la investigación, se solicite al juez de control la vinculación a proceso de los presuntos responsables.

La querella surge a raíz de la investigación publicada por ABC Noticias el pasado 14 de enero de 2026, en la que se documentaron presuntos cobros ilegales a negocios locales, mismos que —según el denunciante— coinciden plenamente con los hechos narrados en el escrito presentado ante la autoridad estatal.

Las denuncias evidenciadas por este medio de comunicación, apuntan a un presunto esquema de cobros irregulares por más de 22.8 millones de pesos mensuales por parte de los funcionarios ahora, denunciados penalmente por el diputado federal.

En el documento, el legislador panista señala que “lejos de realizar su función y levantar actas administrativas conforme a la ley, los dueños de los comercios son obligados a entregar cuotas semanales, a cambio de permitirles seguir operando”.

De acuerdo con la denuncia, inspectores acuden a los establecimientos bajo el argumento de detectar irregularidades, pero “obligan a los propietarios a realizar el pago de una cifra que se les solicita y, en caso de no hacerlo, proceden a la suspensión e incluso clausura del negocio”, lo que —advierte— vulnera derechos fundamentales.

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