Monterrey.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la reforma que traslada la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al determinar que el Congreso local actuó dentro de sus atribuciones al aprobar los cambios legales en junio de 2022.
Tras cuatro años de disputas legales, el Pleno del máximo tribunal del país resolvió por mayoría que no existe inconstitucionalidad en el decreto 196, impulsado por las bancadas del PRI y el PAN en el Poder Legislativo estatal y que fue impugnado por el gobernador Samuel García.
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Arístides Guerrero, concluyó que el Congreso sí tiene facultades para definir las atribuciones de una nueva Fiscalía encargada de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, sin que ello invada competencias exclusivas del Poder Ejecutivo; es decir, que este órgano no podrá congelar cuentas.
“El Congreso local sí tiene facultades para precisar en una ley las facultades de una nueva Fiscalía para actuar en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos fiscales, ya que dicha actividad no constituye una función exclusivamente administrativa que afecte las facultades del Poder Ejecutivo local”, se dictó en la sentencia.
Con ocho votos a favor, la SCJN consideró que las funciones otorgadas a la Fiscalía no corresponden únicamente al ámbito administrativo, por lo que no se vulnera el equilibrio de poderes en el estado.
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Durante la sesión de ayer se precisó que el estudio de los apartados centrales del proyecto alcanzó la mayoría requerida, con algunas reservas manifestadas por integrantes del Pleno, lo que permitió dar validez definitiva a la reforma.
Conflicto entre facciones
El traslado de la UIFE detonó una confrontación política en 2022, cuando PRI y PAN acusaron que la unidad, entonces adscrita a la Tesorería estatal, era utilizada como un instrumento para presionar y acosar a actores de la oposición.
En medio de ese escenario, el decreto aprobado por el Congreso local fue mantenido sin publicarse durante meses por el Ejecutivo estatal, situación que se prolongó hasta febrero de 2024, cuando la propia SCJN ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Una vez que la reforma entró en vigor, el Gobernador promovió una controversia constitucional, mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano, acompañada por diputados de Morena, impulsó una acción de inconstitucionalidad.
Ambos recursos fueron analizados y resueltos ayer por la SCJN, que finalmente avaló la legalidad de la modificación.