Monterrey.- Tras la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el traslado de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el fiscal, Javier Flores, señaló que esperarán la notificación formal para conocer los alcances de la resolución.
La Corte tomó la decisión el lunes, al determinar que el Congreso local actuó dentro de sus atribuciones al aprobar los cambios legales en junio de 2022.
Durante una entrevista realizada este miércoles al terminar la Mesa de Seguridad, Flores, destacó que esperarán la resolución que les notifique la SCJN y por ahora, la UIFE continúa operando con las atribuciones vigentes, mientras se revisan los términos específicos de la determinación judicial.
“Queremos esperar primeramente la resolución que nos notifique la Corte para ver los alcances. Actualmente se está funcionando con todas las facultades que se tiene”, declaró.
En cuanto a la designación del titular de la Unidad, el fiscal explicó que el nombramiento se realizará en su momento, una vez que se tengan claras las condiciones tras la resolución de la Corte.
“La asignación del fiscal será en su momento, ya viendo las condiciones”, agregó.
Tras cuatro años de disputas legales, el pleno del máximo tribunal del país resolvió por mayoría que no existe inconstitucionalidad en el decreto 196, impulsado por las bancadas del PRI y el PAN en el Poder Legislativo estatal y que fue impugnado por el gobernador Samuel García.
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Arístides Guerrero, concluyó que el Congreso sí tiene facultades para definir las atribuciones de una nueva Fiscalía encargada de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, sin que ello invada competencias exclusivas del Poder Ejecutivo; es decir, que este órgano no podrá congelar cuentas.
El traslado de la UIFE detonó una confrontación política en 2022, cuando PRI y PAN acusaron que la unidad, entonces adscrita a la Tesorería estatal, era utilizada como un instrumento para presionar y acosar a actores de la oposición.
En medio de ese escenario, el decreto aprobado por el Congreso local fue mantenido sin publicarse durante meses por el Ejecutivo estatal, situación que se prolongó hasta febrero de 2024, cuando la propia SCJN ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Una vez que la reforma entró en vigor, el gobernador promovió una controversia constitucional, mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano, acompañada por diputados de Morena, impulsó una acción de inconstitucionalidad.