Amaga Comisión Anticorrupción con juicio político si Ejecutivo bloquea presupuesto

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, llamó al Ejecutivo Estatal a respetar la Constitución y garantizar certeza jurídica a Nuevo León.

La diputada local priista Armida Serrato.
La diputada local priista Armida Serrato.Créditos: Cortesía.
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Monterrey.- Ante el amago del gobierno del estado de no publicar o bloquear el procedimiento para que Nuevo León tenga Presupuesto este año, el Congreso del Estado podría entablar un nuevo juicio político en contra del gobernador Samuel García.  

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada Armida Serrato, advirtió que el eventual incumplimiento del artículo 90 de la Constitución local por parte del gobernador podría derivar en un juicio político, en caso de que no publiquen los decretos una vez superados los vetos a la Ley de Ingresos, Ley de Egresos y Ley de Coordinación Hacendaria.

Serrato Flores explicó que el Ejecutivo no puede realizar un segundo veto, por lo que estaría obligado a publicar los decretos en los siguiente 10 días naturales a su recepción.

De no hacerlo, se daría por aprobado y la Presidencia del Congreso volvería a ordenar su publicación dentro de los 10 días hábiles siguientes, de acuerdo al artículo 90 constitucional.

“De no hacerlo, lo que pasaría es que este Congreso y una servidora como Presidenta de la Comisión Anticorrupción presentaría un juicio político en contra del Gobernador Samuel García”, apunto la legisladora priista.

“Negarse a publicar no es una diferencia política, es una violación constitucional. La omisión deliberada de cumplir con esta obligación afecta directamente el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado”, advirtió Serrato Flores.

Recordó que esta conducta encuadraría en los supuestos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Juicio Político, particularmente cuando existe una acción u omisión intencional que infringe la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Finalmente hizo un llamado al Ejecutivo Estatal a respetar la Constitución para evitar una crisis y garantizar certeza jurídica a Nuevo León.

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