Monterrey.- El caso del presunto fraude millonario que involucra a un empresario de San Pedro Garza García suma nuevos señalamientos, luego de que la representación legal de una de las víctimas detallara el mecanismo mediante el cual, aseguran, se concretó el engaño por más de 57 millones de pesos.
De acuerdo con el abogado de la parte afectada, Gabriel Garza Fernández, la denuncia fue presentada en Nuevo León por el delito de fraude en contra de tres personas identificadas como Pedro Miguel Babb Villarreal, José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández.
Según la versión de la defensa, el caso se originó a partir de una invitación para invertir en un terreno con supuesta alta plusvalía en Tulum, Quintana Roo.
Ante la falta de liquidez, la víctima habría entregado un departamento como forma de integrarse al proyecto inmobiliario. Sin embargo, con el paso del tiempo, y ante la falta de avances, se solicitó la devolución de la inversión.
La defensa señala que, tras investigaciones recientes, se detectó que dicho proyecto no presenta construcción alguna y carece de permisos para su desarrollo, lo que derivó en la denuncia penal.
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Uno de los puntos preocupantes a la parte denunciante es la situación jurídica actual del caso. Aunque la carpeta de investigación se integró en Nuevo León, donde residen tanto la víctima como los señalados y donde se firmaron los contratos, el proceso se encuentra detenido tras la intervención de un juzgado federal en Tamaulipas.
Los acusados promovieron un amparo en Matamoros, lo que derivó en una suspensión que impide su detención. Para la defensa, esta acción forma parte de una estrategia legal para frenar el avance del proceso penal.
El abogado sostiene que la autoridad federal habría excedido sus facultades al no remitir de inmediato a los implicados ante un juez de control, lo que, afirma, deja a la víctima en un estado de indefensión y sin certeza jurídica.
Además, cuestionó que el recurso se haya tramitado en una entidad distinta a donde ocurrieron los hechos, lo que, desde su perspectiva, implicó inconsistencias en la argumentación presentada ante el juzgado.
La representación legal también aseguró que existen más personas afectadas por esquemas similares, no sólo en Nuevo León, sino también en otras entidades.
De acuerdo con lo expuesto, el supuesto modus operandi consistiría en adquirir derechos sobre inmuebles en situación irregular, constituir empresas para atraer inversionistas y, posteriormente, dejar los proyectos sin desarrollo, imposibilitando la recuperación del capital.