Monterrey.- Ante las denuncias del sector empresarial por casos de extorsión, autoridades estatales y una legisladora local impulsan reformas para endurecer las sanciones contra este delito, en medio de señalamientos que incluso involucran a funcionarios.
De acuerdo con la información, el secretario general de Gobierno, Miguel "Mike" Flores, y la diputada local del PRI, Armida Serrato, presentaron por separado iniciativas ante el Congreso del Estado con el objetivo de combatir este problema que, según empresarios, afecta a sus agremiados.
El funcionario estatal planteó reformas en materia penal para incrementar las sanciones aplicables a delitos como abuso de autoridad y cohecho, incluyendo mayores años de prisión, así como sanciones administrativas más severas.
“Venimos a presentar una iniciativa a partir de algunas cámaras, donde lo que propone esta iniciativa es incrementar a nueve años de prisión para cualquier abuso de autoridad, duplicar la multa y que aparte se incluya la destitución y la inhabilitación hasta por 13 años, al igual que para el cohecho, 14 años”, explicó.
Además, se indicó que esta propuesta surge tras reuniones con representantes de la iniciativa privada, quienes han manifestado su preocupación por los casos de extorsión, algunos de ellos presuntamente cometidos por autoridades.
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En paralelo, la diputada Armida Serrato propuso homologar la legislación estatal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de impulsar la creación de una nueva ley local en la materia.
En fechas recientes, organismos empresariales como Coparmex, Canaco Monterrey y Caintra han expresado públicamente su molestia por las extorsiones que afectan a sus afiliados, señalando que estas prácticas se presentan en distintos niveles de autoridad.
Sobre casos específicos, como el de la pedrera Matrimar, el funcionario estatal señaló que serán revisados, aunque advirtió que algunos podrían tener motivaciones políticas.
“Todos los casos serán revisados, aunque algunos se presentan para sacar ‘raja política’”, se indicó.
Las iniciativas deberán ser analizadas en el Congreso local, en un contexto de presión por parte del sector empresarial que exige acciones más contundentes para frenar la extorsión en el estado.
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