Monterrey.- El vicefiscal jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Pedro Arce Jardón, rechazó haber brindado protección a Karina Marlen “N” durante el periodo en que fungió como encargado del despacho de la institución, y también negó que se haya fabricado un “montaje” en contra del senador Waldo Fernández, como el propio legislador lo ha señalado en diversas ocasiones.
El funcionario aseguró que la Fiscalía únicamente actuó conforme a los procedimientos habituales al recibir una denuncia presentada a través de la plataforma digital de la dependencia, mecanismo mediante el cual se registran diariamente cientos de reportes ciudadanos.
Indicó que la persona denunciante intentó conectarse al sistema en varias ocasiones antes de lograr completar el trámite y formalizar el reporte, lo que permitió iniciar la integración de la carpeta correspondiente.
“No hubo ninguna protección ni un montaje como tal, hubo un servicio que prestó la Fiscalía salvaguardando el principio de que toda persona debe tener acceso a la justicia.
“Nosotros recibimos como 400 o 600 denuncias diarias por diversos delitos y esa se recibió a través de la Fiscalía Virtual. Entiendo que la persona que denunció al ahora senador se intentó conectar al servicio en varias ocasiones antes de que tuviera éxito. Creo que de un día para otro es cuando ya logra ella conectarse, presentar su denuncia y en ese sentido se inició la integración de la denuncia”, expresó Arce.
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En entrevistas previas, Fernández ha sostenido que durante la contienda electoral rumbo al Senado en 2024 fue víctima de un “montaje” judicial, luego de que se presentara una denuncia por presunta violación apenas diez días antes de la jornada electoral.
El senador había advertido que continuará con acciones legales en contra de todas las personas que, a su consideración, hayan participado en el presunto “montaje” relacionado con la denuncia presentada en su contra.
Al respecto, el vicefiscal señaló que el legislador está en su derecho de proceder contra quien considere responsable si considera que sus derechos o los de su familia fueron vulnerados, además de recordar que durante el proceso mantuvieron comunicación y sostuvieron reuniones para dar seguimiento al tema.
“Creo que está en su derecho de ir contra quien, a su consideración, haya vulnerado o afectado sus derechos o los de su familia. Por parte de un servidor siempre hubo apertura y comunicación permanente con él. Nos reunimos en un par de ocasiones en el despacho de la Fiscalía, donde él nos pidió que fuéramos respetuosos de la integración de la denuncia y que no se politizara el tema ni se prestara a una guerra sucia en su contra en medio del proceso electoral”, indicó.
Arce reiteró que la Fiscalía estatal se limitó a cumplir con su obligación de recibir denuncias y dar el trámite correspondiente conforme a la ley, sin que existiera una intención política detrás del procedimiento.
También descartó que durante el tiempo en que estuvo al frente del despacho de la Fiscalía existiera algún tipo de injerencia externa en las decisiones de la institución, incluyendo al exdiputado Francisco Cienfuegos, cuyo nombre ha sido mencionado en versiones públicas relacionadas con el caso.
El vicefiscal sostuvo que el proceso se condujo bajo los principios de legalidad, confidencialidad y respeto a los derechos tanto de la persona denunciante como del señalado.
Explicó que tras la presentación del reporte se intentó continuar con el procedimiento correspondiente, el cual incluía la realización de valoraciones médicas y psicológicas para avanzar en la investigación; sin embargo, la denunciante no pudo ser localizada posteriormente en el domicilio que había proporcionado.
Ante esa situación, indicó que el Ministerio Público determinó finalmente el no ejercicio de la acción penal al no contar con los elementos necesarios para continuar con el proceso.
El funcionario también afirmó que durante la integración de la carpeta no se realizaron diligencias que implicaran hostigamiento o afectación hacia el senador o su familia, y reiteró que la actuación institucional se mantuvo siempre dentro del marco legal.
En relación con el proceso federal que actualmente enfrenta Karina Marlen “N”, Arce señaló que corresponde a la autoridad federal definir el rumbo del caso, por lo que será necesario esperar a que concluyan los plazos legales para conocer la resolución correspondiente.
Cabe recordar que Arce Jardón fue designado como fiscal general por el Congreso de Nuevo León para el periodo 2024-2030 tras un proceso de votación en el que ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría requerida, por lo que la elección se definió mediante insaculación entre él y el candidato Genaro García, resultando finalmente seleccionado y rindiendo protesta ante el Poder Legislativo después de haber permanecido más de un año como encargado del despacho de la Fiscalía desde octubre de 2022.
No obstante, días después de su designación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el acuerdo del Congreso luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, promoviera un recurso para impugnar el nombramiento.