Monterrey. - Ante la creciente indignación ciudadana por el deterioro de las vialidades en la entidad, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó este lunes la realización de mesas de trabajo para analizar la nueva Ley para la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Pavimentos. La iniciativa, impulsada por el diputado de Acción Nacional, Miguel Lechuga, busca establecer un marco normativo que ponga fin a la deficiente calidad de las calles y avenidas en los municipios neoleoneses.
El legislador, quien también preside la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, presentó un Punto de Acuerdo fundamentado en cifras alarmantes de percepción ciudadana. Según datos citados por el legislador, correspondientes a diciembre de 2025, el 86.4 % de la población adulta considera que los baches son el principal problema de su ciudad, mientras que el 61.2 % identifica a los embotellamientos —agravados por el mal estado del pavimento— como una afectación crítica para su movilidad.
Durante su intervención en la tribuna, Miguel Lechuga subrayó que el mal estado de las calles no es solo una cuestión estética, sino una deficiencia sistemática con consecuencias graves.
"Estos datos no solo reflejan una inconformidad generalizada, sino que evidencian una deficiencia sistemática en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de pavimentos, lo cual genera consecuencias como incremento en accidentes viales, daños al patrimonio de las personas, incremento en tiempos de traslado, sobrecostos en transporte y logística y deterioro de la competitividad urbana”, recalcó.
La propuesta legislativa, contenida en el expediente 19435/LXXVII, pretende unificar criterios técnicos que hasta ahora han sido laxos o inexistentes. Entre los objetivos principales de la ley se encuentran la garantía de calidad en materiales, la definición clara de responsabilidades entre el Estado y los municipios, y la implementación de mecanismos de supervisión para asegurar que los recursos públicos se apliquen correctamente y no en "parches" temporales.
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Para robustecer la normativa, el Congreso aprobó por unanimidad la apertura de espacios de diálogo. Las mesas de trabajo, programadas para la última semana de abril, convocarán a especialistas en ingeniería civil, urbanismo, autoridades municipales, representantes de la academia y del sector privado.
El objetivo final, según puntualizó Lechuga, es integrar la voz ciudadana y el conocimiento técnico para que la nueva ley no solo sea un documento administrativo, sino una solución real al "viacrucis" que enfrentan diariamente los automovilistas en Nuevo León. Con este consenso, el Legislativo busca dar un paso firme hacia la modernización de la infraestructura urbana antes de que el problema de movilidad colapse por completo la metrópoli.