Monterrey. - A medida que se acerca el periodo de reparto de utilidades, la Secretaría del Trabajo de Nuevo León reforzó la supervisión sobre las empresas para garantizar que cumplan con esta obligación legal en tiempo y forma, en beneficio de las y los trabajadores.
El titular de la dependencia, Federico Rojas Veloquio, advirtió que el plazo para que las empresas realicen el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) vence el próximo 30 de mayo, por lo que se mantendrán atentos a posibles incumplimientos y a las denuncias que puedan surgir durante este periodo.
“Desde la Secretaría del Trabajo permanecemos vigilantes para que las empresas cumplan con el pago de este derecho y de no ser así, informar, asesorar y acompañar al trabajador para que le sea otorgado este derecho de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”, señaló el funcionario estatal.
El reparto de utilidades es un derecho establecido en la legislación laboral mexicana, específicamente en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, el cual reconoce la contribución de las personas trabajadoras en la generación de ganancias de las empresas. Este beneficio económico se calcula con base en dos factores: los días laborados durante el año y el monto de los salarios percibidos.
De acuerdo con la normativa, quienes laboran para una empresa deben recibir este pago entre el 1 de abril y el 30 de mayo. En el caso de quienes trabajan para una persona física, el plazo se extiende del 1 de mayo al 29 de junio.
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Rojas Veloquio reiteró que la dependencia estatal no solo se enfocará en la vigilancia, sino también en brindar respaldo a quienes tengan dudas o enfrenten obstáculos para recibir este ingreso. “Las y los trabajadores cuentan con el apoyo de la Secretaría del Trabajo para que les sea otorgado este derecho por parte de las empresas, siempre y cuando sean sujetos a ello, de acuerdo a lo que marca la ley”, expresó.
Sin embargo, no todos los trabajadores tienen derecho a este pago. La ley excluye a directores, administradores y gerentes generales de las empresas, así como a socios o accionistas. También quedan fuera quienes hayan laborado menos de 60 días en el año correspondiente, además de profesionistas que prestan servicios por honorarios sin relación laboral subordinada y trabajadoras del hogar.
Para atender posibles inconformidades o brindar orientación, la Secretaría del Trabajo puso a disposición de la ciudadanía la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Dirección de Inspección y Defensa, ambas ubicadas en Ciudad Laboral, en Monterrey, donde se ofrece asesoría directa y acompañamiento en caso de incumplimiento.
Las autoridades exhortaron a las empresas a respetar este derecho y a los trabajadores a informarse y acudir a las instancias correspondientes en caso de detectar irregularidades, con el fin de asegurar que el reparto de utilidades se realice conforme a la ley.