Monterrey.- Mientras el Poder Judicial de Nuevo León y el Congreso del Estado insisten en la necesidad de mayores recursos para operar, sus propias cuentas públicas 2025 revelan la existencia de disponibilidades financieras que, en conjunto, superan los 796 millones de pesos sin un destino claramente etiquetado o transparentado.
De acuerdo con estos documentos oficiales, el Poder Judicial reporta un “ahorro” o saldo disponible por 677 millones 750 mil 258 pesos, mientras que el Congreso local mantiene 118 millones 962 mil 89 pesos en condiciones similares.
Estas cifras contrastan con los argumentos públicos de ambas instituciones, que han advertido limitaciones presupuestales para justificar solicitudes de incremento en sus partidas.
En el caso del Poder Judicial, recientemente solicitó un presupuesto de 4 mil 810 millones de pesos para el 2026, lo que representa un aumento del 37 por ciento respecto a los 3 mil 500 millones asignados este año.
La justificación oficial apunta a la necesidad de ampliar infraestructura, crear nuevas salas de audiencia, centros de convivencia y fortalecer su capacidad operativa, además de avanzar en la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar.
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Por su parte, el Congreso del Estado también ha señalado restricciones presupuestales, particularmente para cubrir incrementos salariales de su personal, al argumentar que no cuentan con recursos suficientes ante la falta de ampliaciones presupuestales por parte del Gobierno estatal.
Sin embargo, al contrastar estas posturas con sus propios estados financieros, surge una inconsistencia: los pasivos a corto plazo y cuentas por pagar no representan ni la mitad de los recursos disponibles que mantienen sin ejercer.
El Poder Judicial reporta compromisos por 128 millones 248 mil 641 pesos, mientras que el Congreso tiene obligaciones por 27 millones 156 mil 991 pesos, montos considerablemente menores frente a sus disponibilidades.
Es decir, aun liquidando la totalidad de sus adeudos inmediatos, ambas instituciones conservarían una cantidad significativa de recursos cuyo destino no ha sido detallado públicamente: en el caso del Poder Judicial, mantendría alrededor de 549 millones 501 mil 617 pesos de libre disposición, mientras que el Congreso del Estado conservaría cerca de 91 millones 805 mil 098 pesos disponibles, sin una ruta clara sobre su aplicación.
Esta situación ocurre en un contexto donde organismos autónomos y otros poderes han advertido afectaciones operativas, incluyendo la imposibilidad de otorgar incrementos salariales a sus trabajadores debido a la reconducción presupuestal.
Incluso, empleados han manifestado inconformidad ante la falta de ajustes, señalando un trato desigual frente a trabajadores del Ejecutivo estatal. A pesar de ello, ni el Poder Judicial ni el Congreso han precisado si los recursos disponibles podrían destinarse a cubrir estos compromisos laborales, ni han transparentado planes concretos para el uso de estos fondos acumulados.