Monterrey.- El senador Luis Donaldo Colosio presentó una iniciativa legislativa para frenar la demolición o modificación de obras públicas sin justificación técnica, en medio de la polémica por intervenciones recientes en Monterrey impulsadas por la actual administración encabezada por Adrián de la Garza.
La propuesta contempla reformas a las leyes de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano con el objetivo de obligar a las autoridades a sustentar cualquier alteración de infraestructura antes de que concluya su vida útil. Además, incluye sanciones que podrían llegar a la inhabilitación en caso de reincidencia.
“Es una iniciativa en beneficio de todos Nuevo León, porque nada le hace más daño a una Ciudad, a un municipio, que el que por motivos puramente políticos, tener que reinventarse cada tres años”, explicó el legislador, al señalar que la falta de continuidad en los proyectos afecta directamente a la planeación urbana.
El planteamiento también incluye la creación de un registro que establezca la duración estimada de cada obra, con el fin de que pueda ser auditada y evaluada públicamente. Según detalló, no se trata de limitar facultades de los gobiernos municipales, sino de garantizar que cualquier decisión esté respaldada por criterios técnicos.
“El día de hoy lo que queremos proponer es, sin quitarle ninguna facultad a ningún Alcalde, al contrario, es establecer que cualquier Alcalde que determine… que tenga técnicamente justificar por qué”, sostuvo.
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La propuesta surge en un contexto de desacuerdos por la intervención de proyectos realizados durante su gestión como alcalde. Colosio ha defendido dichas obras al asegurar que respondían a una visión de movilidad y protección del espacio público, particularmente en zonas centrales de la ciudad.
En ese sentido, advirtió que la eliminación de infraestructura sin sustento puede obedecer más a decisiones políticas que a necesidades reales de la población.
“Los criterios técnicos para poder construir una obra… no caducan el 31 de octubre cuando cambia la administración”, afirmó.
El senador reconoció que observa un patrón en este tipo de decisiones, no solo en Monterrey, sino en distintos municipios del país donde los cambios de administración suelen implicar la sustitución de proyectos previos.
Con esta iniciativa, dijo, se busca dar herramientas tanto a autoridades como a la ciudadanía para exigir transparencia, continuidad y responsabilidad en el desarrollo urbano.