Monterrey.- La presidenta del Poder Judicial de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, llevó al Congreso local una propuesta de reforma constitucional con la que busca ajustar la legislación estatal a los cambios federales en materia judicial, pero también atender pendientes internos como la estabilidad laboral y la profesionalización del personal.
La iniciativa, entregada en la Oficialía de Partes, es resultado de varios meses de trabajo entre el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con la magistrada, en ese periodo se instalaron comités para aterrizar tanto la reforma judicial como la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Entre los cambios planteados está la adopción de un modelo de elección de jueces y magistrados mediante listas o planillas, similar al esquema federal aplicado en 2025. También se propone que el Tribunal de Disciplina Judicial sea electo por voto directo, además de homologar la duración de los cargos.
La propuesta no se limita al tema electoral. Incluye mecanismos para asegurar la continuidad en los tribunales, como esquemas de suplencia y atención de quejas, así como reglas para la participación de juzgadores en procesos electorales, sin que esto implique la obligación de competir por un cargo.
Uno de los puntos que más peso tiene dentro del documento es la protección de la carrera judicial. Se plantea que quienes no resulten electos puedan regresar a funciones dentro del propio sistema, evitando la salida de perfiles con experiencia.
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A esto se suma la intención de elevar a rango constitucional la planeación estratégica del Poder Judicial y reforzar los filtros de ingreso, con exámenes de idoneidad en los que participarían universidades, colegios de abogados y organizaciones civiles, además de capacitación obligatoria posterior a los procesos electorales.
Córdova Rodríguez hizo énfasis en que la iniciativa también busca blindar los derechos laborales del personal, con medidas como jubilación anticipada, reconocimiento de antigüedad, apoyos de retiro y continuidad en servicios médicos para quienes no participen o no obtengan un cargo.
El documento mantiene la actual división de 14 distritos judiciales —sin reducirlos a tres, como en el esquema federal— y fija un plazo de 120 días para ajustar cerca de 28 leyes secundarias necesarias para implementar la reforma.
Actualmente, el Congreso local analiza otras siete iniciativas sobre el mismo tema; esta sería la octava y, según la magistrada, la primera elaborada desde el propio Poder Judicial.
“Somos quienes hemos construido este sistema y creemos importante que se escuche esta visión”, señaló, al tiempo que expresó disposición para participar en mesas de trabajo con legisladores y otros actores.