Monterrey.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de Nuevo León incurrió en una falta al no atender en tiempo la reforma en materia de transparencia, por lo que le instruyó a legislar al respecto y actualizar su marco normativo, lo que abre la puerta a la eventual desaparición del Instituto Estatal de Transparencia, en caso de concretarse la armonización con la legislación federal.
Durante la sesión, se analizó el proyecto presentado por la ministra Sara Irene Herrerías, el cual surgió a partir de una controversia constitucional impulsada por la Consejería Jurídica del gobernador Samuel García. En dicho recurso se acusó al Poder Legislativo estatal de no haber atendido oportunamente las modificaciones constitucionales que debían discutirse desde junio de 2025.
El máximo tribunal concluyó que la controversia es válida y que efectivamente existe una omisión por parte de los diputados locales, al no haber armonizado las leyes estatales con los cambios aprobados a nivel federal. En consecuencia, ordenó que el Congreso realice los ajustes correspondientes en el siguiente periodo ordinario de sesiones posterior a la notificación de la sentencia, lo que abre la posibilidad de que el tema se resuelva antes de que concluya el actual periodo legislativo, previsto para el 13 de mayo.
La Corte también estableció que el Congreso deberá adecuar su legislación conforme a los lineamientos federales en materia de transparencia, pese a que actualmente ya existen diversas iniciativas locales relacionadas con este tema que permanecen en análisis.
En el desarrollo de la discusión, la ministra Herrerías explicó que se incorporarán observaciones adicionales propuestas por el ministro Giovanni Azael Figueroa al documento final que será enviado a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. Estas aportaciones buscan fortalecer el apartado relacionado con las causales de improcedencia dentro del proyecto.
Te podría interesar
La ministra Loretta Ortiz Ahlf respaldó la propuesta, aunque consideró necesario profundizar en el impacto que esta omisión legislativa puede tener sobre las facultades del Poder Ejecutivo estatal. Señaló que la falta de acción del Congreso podría afectar de manera directa y significativa sus competencias, especialmente en procesos vinculados con la publicación de normas en el Periódico Oficial.
Tras la resolución, el asesor jurídico del Congreso local, Ricardo Tamez, afirmó que el Poder Legislativo acatará la determinación del máximo tribunal, como lo ha hecho en otros casos. No obstante, sostuvo que, desde su perspectiva, no se trata de una omisión absoluta, ya que previamente se han desarrollado trabajos en comisiones y ejercicios de parlamento abierto con especialistas y sectores involucrados.
El funcionario explicó que, aunque existían argumentos sobre la posible falta de legitimación del Ejecutivo estatal para promover la controversia, el Congreso respetará el fallo y avanzará en la construcción de la reforma. Añadió que este proceso será clave, dado el interés social en garantizar el acceso a la información pública y fortalecer los mecanismos de transparencia en la entidad.
Con esta resolución, la Corte sienta un precedente que podría influir en otros casos similares, como el relacionado con la reforma judicial, donde también se ha señalado una posible omisión legislativa en Nuevo León.