Monterrey.- Nuevo León se convirtió en el primer estado del país en contar con una Ley Estatal en Materia de Delitos Electorales, luego de que el Congreso local aprobara la iniciativa que contempla sanciones contra prácticas como el uso de “acordeones” y códigos QR para inducir o controlar el sentido del voto durante los procesos electorales.
La nueva legislación fue avalada por mayoría en el Pleno del Congreso, tras el trabajo realizado por la Comisión de Justicia, y busca cerrar vacíos legales relacionados con conductas que, según autoridades electorales, han sido utilizadas para manipular elecciones o cometer fraudes durante campañas y jornadas de votación.
Entre los puntos que contempla esta nueva ley se encuentra castigar el uso de mecanismos que permitan comprobar por quién votó una persona, como ocurrió en la pasada elección judicial, donde circularon acordeones y códigos QR utilizados presuntamente para orientar o verificar el sufragio de ciudadanos.
La legislación también considera como delito la simulación de pertenencia a grupos vulnerables o de atención prioritaria para obtener candidaturas reservadas, como personas indígenas, integrantes de la comunidad LGBT+, personas con discapacidad u otros sectores protegidos por acciones afirmativas.
La normativa igualmente busca sancionar el uso de recursos ilícitos en campañas políticas, incluyendo operaciones con empresas fantasma, facturación falsa o financiamiento ilegal para candidatos y partidos políticos.
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La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales reconoció la aprobación de esta iniciativa y destacó que Nuevo León se coloca como referente nacional al convertirse en la primera entidad en contar con una legislación penal electoral propia.
El organismo señaló que la creación de esta ley representa un avance para fortalecer la legalidad y combatir la impunidad en materia electoral.
De acuerdo con la Fiscalía Electoral, durante años diversas prácticas ilegales aprovecharon vacíos normativos que dificultaban castigar ciertas conductas relacionadas con la compra, presión o manipulación del voto.
Con esta nueva legislación, las autoridades buscan contar con herramientas jurídicas más precisas para investigar y sancionar delitos electorales que anteriormente no estaban claramente tipificados en el ámbito estatal.
La Fiscalía también reconoció el respaldo de diputadas y diputados que aprobaron la iniciativa, señalando que este paso permitirá fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos y en las instituciones electorales.
Las autoridades electorales señalaron que permanecerán atentas a la conclusión del proceso legislativo y a la entrada en vigor de la nueva ley, con el propósito de comenzar su aplicación en futuros procesos electorales en Nuevo León.