Monterrey.- La Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León ordenó la suspensión temporal definitiva de las obras que el municipio de Monterrey realiza en el entorno del Arco de la Independencia, al considerar que la intervención podría ocasionar afectaciones irreparables a un bien con valor histórico y cultural.
La resolución fue emitida el pasado 14 de mayo dentro del juicio de amparo 506/2026, promovido por una ciudadana que impugnó los trabajos realizados en la zona del monumento ubicado entre las avenidas Pino Suárez y Francisco I. Madero, en el centro de Monterrey.
El juzgado federal determinó que existen elementos suficientes para frenar temporalmente las obras mientras se revisa si el municipio cumplió con las autorizaciones, permisos y estudios requeridos para intervenir un inmueble protegido por normativas federales.
De acuerdo con el fallo judicial, el municipio deberá presentar en un plazo de 24 horas la documentación relacionada con licencias, permisos y autorizaciones vinculadas a la obra pública ejecutada alrededor del Arco de la Independencia.
La jueza solicitó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informar si la intervención requiere autorización federal, además de detallar si existen procedimientos administrativos o medidas de protección relacionadas con el monumento histórico.
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Dentro del análisis realizado por el tribunal federal, se estableció que la protección del patrimonio cultural constituye un interés colectivo respaldado tanto por la Constitución como por tratados internacionales firmados por México.
El juzgado también consideró que las denuncias sobre la presunta falta de permisos, estudios técnicos y autorizaciones eran suficientemente sólidas para conceder la suspensión temporal definitiva, debido al riesgo de daños que podrían resultar irreversibles.
La controversia inició desde el pasado 16 de abril, cuando el municipio de Monterrey arrancó trabajos de adecuación vial en el cruce de Pino Suárez y Madero con el objetivo de recuperar seis carriles de circulación y disminuir la carga vehicular en la zona.
La obra había sido anunciada previamente por el alcalde Adrián de la Garza como parte de un proyecto de movilidad con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos.
Días después de iniciados los trabajos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el INBAL solicitaron formalmente al municipio suspender las intervenciones, al señalar que no existían autorizaciones federales para modificar el entorno del monumento construido en 1910; sin embargo, el municipio mantuvo las obras.
Diversos colectivos y organizaciones civiles cuestionaron la actuación del municipio al considerar que las adecuaciones viales se realizaron sin transparencia, estudios técnicos públicos ni consulta ciudadana.
Entre las agrupaciones que se pronunciaron se encuentran Pueblo Bicicletero, Calles de Primer Nivel, MÁS Ciudad, Salvemos al Parque Libertad y ARRE Concept, quienes exigieron la suspensión total de los trabajos hasta que las autoridades federales emitan una resolución definitiva.
Hasta el momento, el municipio de Monterrey no ha informado si acatará la suspensión definitiva ordenada por el juzgado federal o si promoverá algún recurso legal para continuar con las obras.